lunes, febrero 27, 2012

La crisis financiera griega y la unión europea: qué será, será…

La situación económica en Grecia al 12 de marzo de 2012 sigue difícil. Existe la preocupación de que si no se resuelve la crisis financiera en Grecia habrá un impacto negativo sobre las economías más frágiles de Europa, tales como Portugal, Irlanda, España e Italia. Existe el riesgo de que si no se apoya a Grecia se presente una crisis bancaria por la cesación de pagos. Por lo tanto, la Unión Europea aprobó un segundo paquete de ayuda de 130,000 millones de euros a cambio de que el gobierno griego imponga las medidas de austeridad que restablezcan la salud financiera de su economía. En este video, Luis Gutiérrez Poucel, analista económico financiero, examina las perspectivas de la economía griega y del segundo paquete de rescate financiero.

martes, febrero 21, 2012

El ABC del Acuerdo sobre los Yacimientos Transfronterizos

México y Estados Unidos firmaron el lunes 20 de febrero de 2012 en Los Cabos, Baja California Sur el “Acuerdo para la exploración y explotación conjunta de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México”. Su objetivo es explotar de manera ordenada las reservas de hidrocarburos que cruzan ambos lados de la frontera marítima. El Acuerdo pretende lograr una explotación conjunta y equitativa de los yacimientos de hidrocarburos entre ambas naciones. Dicho Acuerdo será sometido para su aprobación al Senado de la República. Este es un pacto histórico para México, pues nunca antes se había llevado a cabo un compromiso semejante en la historia de la Nación.

Pero: ¿Le conviene dicho pacto a México? ¿Cuáles son sus costos, riesgos y beneficios? ¿Es esto un proceso disfrazado de privatización? ¿Vamos a perder soberanía nacional? ¿Vamos a regalar nuestro patrimonio a los Estados Unidos?

En este artículo hacemos un ABC (Análisis de Beneficio Costo) de dicho Acuerdo.

Antecedentes: México enfrenta el agotamiento de sus recursos de hidrocarburos de fácil acceso. Desde hace una década la relación reservas - producción ha estado estancada. Las formaciones geológicas que se encuentran bajo las aguas profundas del Golfo de México tienen altas probabilidades de contener grandes cantidades de hidrocarburos. Algunos expertos hablan de magnitudes por lo menos equivalentes a Cantarell. Por ello, se ha venido insistiendo en la necesidad de que Pemex empiece a perforar en aguas profundas para compensar y sustituir los yacimientos que están declinando. Pemex tiene la capacidad para hacer perforaciones productivas en profundidades hasta de 1000 m. Sin embargo, los yacimientos transfronterizos están a profundidades entre 2500 a 3500 metros bajo el nivel del mar y Pemex no tiene la tecnología, los conocimientos, ni los equipos necesarios para hacer perforaciones hasta tales profundidades.

Estados Unidos y Cuba nos han tomado la delantera en las exploraciones en esta zona. Hay por lo menos 30 empresas americanas que están perforando un promedio de 170 pozos por año. Algunos de los yacimientos explorados se encuentran entre 4 a 44 kilómetros de distancia de la frontera con México. Tal es el caso del yacimiento Cinturón Plegado Perdido, donde los americanos ya tienen tres pozos a menos de 10 km de la frontera, lo que preocupa por el denominado “efecto popote” –que consiste en extraen los hidrocarburos del lado americano absorbiendo los que están en el mismo yacimiento del lado mexicano.

Cuba está trabajando con varias empresas bajo contratos de riesgo, tales como la española Repsol, la noruega Norks Hydro, la canadiense Sherrit, la vietnamita Petrovietnam, PDVSA y Petronas de Malasia.

En México hemos explorado alrededor de ¡cinco pozos en cinco años! Y al ritmo que vamos, probablemente en 70 años ya tendremos la capacidad de explotar los recursos en aguas profundas. Este es un lujo que no nos podemos permitir como nación.

Costos y Beneficios: En primer lugar esto no es un proceso de privatización, porque en última instancia fortalece a una empresa pública que es Petróleos Mexicanos. Tampoco es un acuerdo que atente contra la soberanía nacional, porque al descubrir más yacimientos y aumentar el patrimonio nacional, se fortalece nuestra soberanía.

En segundo lugar, el Acuerdo le da certeza jurídica a la exploración y explotación de los yacimientos compartidos, lo cual significa que por un lado se elimina la posibilidad de que los americanos exploten los yacimientos mexicanos desde su territorio (desaparece el efecto popote) y por el otro se evitan posibles disputas entre ambas naciones.

En tercer lugar, el pacto autoriza que se realice un trabajo binacional, permitiéndole así a Pemex que adquiera la experiencia, los conocimientos y la tecnología de punta mientras está trabajando con empresas del ramo líderes en el mundo. La adquisición de esta tecnología le dará Pemex la capacidad para trabajar en otras zonas de aguas profundas en el Golfo de México y en otras partes del mundo.

En suma, México no se puede dar el lujo de esperar hasta que Pemex desarrolle su propia tecnología para trabajar sola en aguas profundas, pues eso significaría sacrificar el patrimonio de las tres próximas generaciones de mexicanos. Este Acuerdo entre Estados Unidos y México para el aprovechamiento conjunto de los recursos de hidrocarburos transfronterizos es histórico, no solamente porque es el primero de este tipo entre ambas naciones, sino porque no tiene costos y sí tiene muchos beneficios.

El ABC del Acuerdo es totalmente rentable para México.

domingo, febrero 19, 2012

Brasil: si no gano arrebato

Luis Gutiérrez Poucel
Consultor Económico
19 de febrero de 2012
Brasil está considerando terminar el Acuerdo de Complementación Económica en el ramo automotriz que firmó con México en el 2002, debido a que después de nueve años de vigencia del Acuerdo, México ha empezado a exportar más de lo que importa. En otras palabras, mientras Brasil nos estaba goleando, teniendo superávits desde el 2003 al 2007, los brasileños estaban contentos y eran buenos amigos, pero apenas nosotros empezamos a ganar, el gobierno brasileño quiere cambiar las reglas del juego para evitar perder; es como si ahora quisieran tener 12 jugadores en el campo de juego con dos porteros, mientras que nosotros debemos de continuar con sólo 11 jugadores y un portero. Esto es a todas luces incorrecto, cortoplacista, proteccionista y mediocre.

El problema que se nos plantea como Gobierno es cómo responder. La respuesta tiene que ser la correcta, porque tenemos en puerta un posible acuerdo de Libre Comercio con Brasil que beneficiaría inmensamente a ambos países, abaratando el costo de insumos y haciéndolos más competitivos con el exterior. Pero, tampoco podemos permitir que un socio comercial solamente sea nuestro amigo cuando tiene superávits, cuando le conviene, pero cierra sus fronteras cuando empezamos a ser más hábiles y productivos, cuando no le conviene. Esto es peligroso, porque una relación comercial exitosa, en gran medida, depende de que los socios respeten los acuerdos, cumplan su palabra y se tengan confianza. Pero Brasil, desgraciadamente, parece ser que sólo es amigo cuando está ganando y cuando está perdiendo entonces arrebata. Con este comportamiento Brasil demuestra que en el fondo es una economía proteccionista con un gobierno oportunista.

En este artículo, me gustaría hablar un poco sobre nuestra historia comercial con el Brasil y cuál debería ser la respuesta del Gobierno Mexicano ante esa actitud brasileña en un ramo tan importante como el automotriz.

Historia Comercial

En el 2011 comerciamos con Brasil aproximadamente 9,453 millones de dólares, el 40% del cual fue en el ramo automotriz. Esta cantidad, para el tamaño de las economías de ambos países, es raquítica; un acuerdo de libre comercio por lo menos triplicaría el comercio en el primer año.

Considerando del 2000 al 2011, México ha sido deficitario en la relación comercial con el Brasil hasta el 2010, teniendo en el 2011 por primera vez un superávit de 330 millones de dólares. Como se puede observar en la gráfica a continuación, la tendencia deficitaria empezó a cambiar a partir del 2008 en parte por la sobrevaluación de la divisa brasileña y en parte por el aumento en la productividad de las exportaciones mexicanas. No obstante, el déficit acumulado durante este periodo ascendió a 26,222 millones de dólares a favor de Brasil. Durante todo este tiempo, el Gobierno Mexicano no se quejó, sino que espero a que se adoptaran las medidas económicas adecuadas por parte de los exportadores nacionales. Así se comportan las naciones que tienen palabra y los socios comerciales que son confiables.

México se colocó en el 2011 como el tercer exportador de autos a Brasil, con una participación cercana al 14% del mercado brasileño tras Argentina y Corea del Sur. Esto representó en el ramo automotriz un déficit para Brasil de 1,700 millones de dólares. Al igual de lo que sucedió en el comercio total con Brasil, México tuvo un déficit desde 2003, que fue el primer año de operación del Acuerdo de Complementación Económica, hasta el 2007. En el 2008 México empezó a exportar más de lo que importaba de Brasil, pero el déficit acumulado en el periodo 2003 -2012 asciende a 9,500 millones de dólares. No obstante la relación favorable para el Brasil, cuando nos empezaba a ir mejor, el Gobierno Brasileño pegó el grito al cielo y quiere ahora replantear la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica, de lo contrario dará por terminado el Acuerdo y empezará a cobrar aranceles de 35% sobre las exportaciones de vehículos ligeros y partes automotrices de origen mexicano a partir de 2013.

Respuesta Mexicana

La historia económica nos dice que el proteccionismo tiene más costos que beneficios para un país, reduciendo el bienestar de las personas por los mayores precios y menores empleos. Cerrar las fronteras para proteger una industria ineficiente siempre ha resultado en una pérdida en el potencial de crecimiento económico. Sin embargo, la apertura comercial requiere de socios comerciales confiables. Un país no puede abrir sus fronteras, mientras los otros países exportan sus mercancías con subsidios y castigan las importaciones con impuestos. Un país que tenga fronteras abiertas, cuando navega en un mar de países con fronteras cerradas, pierde bienestar económico.

Existen tres posibles respuestas por parte de México:
  1. No aceptar la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica, pero promover la negociación de un Acuerdo de Libre Comercio integral. El argumento es: “vamos a incluir todos los ramos económicos e integremos a nuestras economías”. Los beneficios van a ser inmensos, porque va a aumentar la competitividad de cada uno de ellos, independientemente que en algunos ramos existan déficits o superávits; en el total, los dos países mejorarán su balanza comercial ante el resto del mundo.
  2. Aplicar el principio de la reciprocidad, lo que se llama la Ley Espejo: “si tú evitas mis exportaciones por razones injustas, yo evitaré por la misma cantidad tus exportaciones a mi mercado”. Aquí tendríamos dos variantes: la primera sería fijar aranceles a las importaciones brasileñas por un monto similar, y la segunda sería cobrar impuestos en todas las ramas en donde México es deficitario. La primera variante es cuantitativa, mientras que la segunda aplica el principio que los brasileños están aplicando a nuestras exportaciones en el ramo automotriz: “cobro aranceles en todos los ramos donde soy deficitario”.
  3. No hacer nada, ésto es “aceptamos renegociar el Acuerdo de Complementación Económica”.
Probablemente la primera respuesta es la más conveniente y la tercera la menos recomendable.

Conclusión

La visión de Brasil está equivocada, es cortoplacista, proteccionista y abusiva. No puede Brasil abogar por nuevos arreglos cuando algo no les conviene, y quejarse cuando otros países le responden con la misma moneda. En efecto, Brasil ha tenido un superávit con Argentina y los argentinos han introducido un mecanismo denominado Declaración Jurada para desalentar las importaciones de Brasil, medida proteccionista duramente criticada en el propio Brasil.

México necesita ser firme, y plantear la apertura total o la continuación de la reglas del juego tal y como se acordaron en el 2002, de lo contrario México tendrá que responder con medidas equivalentes en perjuicio de ambas naciones. México no se puede dar el lujo de tener un socio comercial que solo sabe ganar y arrebata cuando pierde.

viernes, febrero 03, 2012

Los Presidenciables: ¿Cuál es el menos malo?

Luis Gutiérrez Poucel
Consultor Económico
30 enero 2012

El tema de actualidad en el país es: ¿quién va ser el próximo presidente? Cada seis años a los mexicanos nos gusta jugar al presidencialismo, como si esto pudiera cambiar el pasado, o mejorar los resultados de la administración que está a punto de concluir. En efecto, lo último que muere en los mexicanos es el sentimiento de la esperanza, la esperanza de que el próximo presidente vaya a ser mejor del que está por terminar.

Por el momento tenemos a tres candidatos de los tres principales partidos con posibilidades presidenciables, por orden alfabético de los partidos: Josefina Vázquez Mota (PAN), Andrés Manuel López Obrador (PRD) y Enrique Peña Nieto (PRI). Las encuestas sugieren que Enrique es el puntero, a pesar de los descalabros que le han causado las muestras que ha dado de falta de cultura y preparación. Sin embargo, Andrés Manuel y Josefina están mejorando su posición en las encuestas.

¿Qué tal si pudiéramos evaluar a los tres presidenciables desde el punto de vista del bienestar nacional, de lo que le importa al pueblo de México, considerando la trayectoria que han tenido y su desempeño en el pasado? Eso es lo que pretendemos hacer en este artículo: evaluarlos de la manera más objetiva posible, lo cual es muy difícil, porque hay mucho de subjetividad en cualquier evaluación; pero a riesgo de pecar de sesgos ideológicos y políticos, aquí les va mi modesta evaluación.

Índice de la Esperanza
Pero antes de calificarlos, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué bases los vamos a evaluar. Si tomamos el Índice de Desarrollo Humano propuesto por los organismos internacionales, los tres indicadores relevantes serían (1) el PIB per cápita, (2) la educación y (3) la esperanza de vida. Pero como nosotros sabemos, el bienestar de una nación requiere de otros elementos, tales como la seguridad, combate a la corrupción y la efectividad del gobierno para gobernar, entre otros.

El Banco Mundial ha propuesto el Índice de Gobernabilidad, compuesto por los siguientes indicadores: (1) voz y rendición de cuentas, (2) estabilidad política, (3) efectividad del gobierno, (4) calidad regulatoria, (5) imperio de la ley y (6) control de la corrupción.

Para el caso de México, vamos a tropicalizar dichos índices para aterrizar más de cerca a nuestra realidad, construyendo el Índice de la Esperanza. ¿En qué consiste este índice?, se preguntarán. Este índice se compone de seis indicadores: (1) el PIB per cápita, (2) distribución del ingreso, (3) educación, (4) efectividad para gobernar (gobernabilidad en corto), (5) seguridad y (6) corrupción.

Pasemos ahora a la evaluación de cada presidenciable.


Josefina Vázquez Mota
La administración de JVM probablemente mantendría el blindaje económico de la economía, respetaría la autonomía del Banco Central y conservaría la prudencia fiscal. El Producto Interno Bruto per cápita crecería a igual ritmo o un punto porcentual por arriba del PIB per cápita de los Estados Unidos, que es nuestro principal punto de referencia. Tendríamos estabilidad económica durante todo su sexenio.

La distribución del ingreso seguramente se mantendría igual que como estamos ahora, no habría grandes avances en la reducción de la pobreza, no se lograría la reforma fiscal y la gestión del Ejecutivo Federal tendría el mismo impacto sectorial que el gobierno de Felipe Calderón.

El gobierno de Josefina evitaría confrontaciones con el sindicato de la maestra Gordillo; mantendría los mismos niveles de gasto e inversión en educación que la de los gobiernos panistas recientes. En suma, en el campo de la educación no habría grandes avances, mantendríamos nuestros bajos niveles educativos que observamos cuando nos comparamos con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

El gobierno panista tendría las mismas dificultades para alcanzar acuerdos con el Congreso que sus predecesores para llevar a cabo las reformas estructurales que el país requiere y para controlar los excesos de los gobiernos estatales. El nivel de gobernabilidad sería equivalente al de los gobiernos panistas del 2000 al 2012.

En cuanto a la seguridad, su gobierno mantendría las mismas líneas de confrontación militar contra el crimen y la delincuencia organizada, no legalizaría las drogas cuyo tráfico hacia EUA ocasionan más daño al país en términos de violencia e inseguridad.

Finalmente, en la lucha contra la corrupción el gobierno de Josefina Vázquez Mota no iría contra los presidentes, gobernadores de los estados ni secretarios de Estado que robaron en el pasado. Mantendría los mismos niveles de monitoreo y control de la corrupción tan suaves para los niveles altos como los que mantuvieron los gobiernos panistas que la antecedieron. La corrupción en los altos niveles de los gobiernos estatales continuaría con algunos de ellos endeudándose masivamente para financiar proyectos cuestionables. Los elementos de control de la corrupción y abuso de confianza de los niveles medios y bajos probablemente mejorarían un poco.


Andrés Manuel López Obrador
¿Qué tal le iría al gobierno de AMLO con el Índice de la Esperanza? Para empezar, el ingreso per cápita probablemente crecería por debajo del ritmo del de los EUA, difícilmente alcanzaría en promedio durante el sexenio el nivel americano, por las siguientes razones: el gobierno de AMLO eliminaría el blindaje económico, terminaría con la autonomía del Banco de México, no seguiría una política de prudencia fiscal e iniciaría una confrontación abierta contra los inversionistas privados nacionales y extranjeros; su administración introduciría nuevamente el financiamiento deficitario, acelerando la inflación y devaluando el valor del peso; la inversión privada disminuiría; el déficit comercial aumentaría junto con el proteccionismo comercial y los precios de los productos nacionales e importados aumentarían en el mercado interno. En otras palabras, la economía perdería competitividad, tendríamos una crisis económica durante la mayor parte del sexenio y aumentaría la dependencia a las exportaciones de petróleo crudo.

La distribución del ingreso se deterioraría por los efectos inflacionarios, por la disminución en la tasa de crecimiento económica, por la confrontación entre clases de diferente ingreso, por la reducción de la inversión privada y por la disminución en la creación de empleos. La administración mejoraría los programas de reducción de la pobreza extrema, aumentando el gasto para necesidades sociales del 7.2% del PIB al 10%, pero este esfuerzo no sería suficiente para contrarrestar la reducción del ingreso de la clase media y de los más pobres por la inflación y el aumento del desempleo. Seguramente no habría reforma fiscal, y si la hubiera, sería en contra del crecimiento económico y de la inversión, su énfasis sería en mayores ingresos fiscales penalizando la inversión y favoreciendo al consumo. El ejecutivo federal tendría un fuerte impacto sectorial, a través de grandes proyectos públicos, habría gran participación de contratistas, en especial aquellos que apoyasen financieramente al PRD y de nuevos contratistas que nacerían al amparo de los contratos del gobierno. Los mexicanos terminaríamos pagando doble por estos grandes proyectos populistas, primero porque para desarrollarlos se necesitarían de los impuestos que pagamos, y segundo por las molestias que ocasionarían su construcción y por el impuesto inflacionario que eventualmente tendríamos que pagar todos los mexicanos.

En el terreno de la educación, si Andrés Manuel no puede controlar al sindicato de Elba Esther Gordillo, luchará en su contra, tratando de crear su propio sindicato incondicional a sus políticas. Habría un fuerte aumento en los niveles de gasto e inversión para la educación, pero tendría poco impacto en la calidad de la educación, así como en el nivel de calificación de la mano de obra, pues el énfasis sería más en la cantidad que la calidad, sería una educación politizada.

En cuanto a gobernabilidad habría una abierta confrontación con el Congreso, las reformas que se aprobarían serían populistas, no para mejorar la efectividad del gobierno, sino para vender la imagen de buen gobierno a la opinión pública. El estilo de gobernar produciría un diálogo aguerrido con los estados gobernados por la oposición. Habría inestabilidad política durante la mayor parte de su sexenio.

En lo que toca la seguridad, el gobierno de Andrés Manuel trataría de pactar y dirigir a la delincuencia organizada: su lema sería “si no es posible combatirlos, preferible controlarlos y dirigirlos”. Seguramente legalizaría algunas de las drogas cuyo tráfico más perjudican al país: la marihuana y la cocaína.

En cuanto al control de la corrupción, el gobierno de Andrés Manuel mantendría muy abierto los ojos monitoreando y criticando a los gobernadores de los partidos de oposición y cerrando sus ojos a los excesos en los estados manejados por sus correligionarios y de los que apoyan a su administración. Los mecanismos de manejo y castigo de la corrupción de los niveles medios y bajos probablemente no serían efectivos.


Enrique Peña Nieto
Finalmente, ¿cómo saldría la evaluación del candidato puntero EPN? Seguramente la administración de Enrique trataría de manipular el blindaje económico, socavaría la autonomía del Banco Central y se alejaría de la prudencia fiscal cuando así le conviniera y fuera necesario para sus fines políticos o personales. El ingreso per cápita de los mexicanos posiblemente crecería al mismo ritmo que el de los americanos, quizás un poco por encima. Habrían grandes proyectos y mucha participación de especuladores y contratistas, por lo que los mexicanos terminaríamos pagando triplemente por estos gigantescos proyectos de desarrollo: primero para financiar su desarrollo con nuestros impuestos, segundo por las molestias durante su construcción y tercero terminaríamos pagando peaje por el uso de los servicios de infraestructura que generarían. Posiblemente habría una crisis económica al final del sexenio cuando el gobierno tratase de apurar la terminación de sus grandes proyectos con financiamiento deficitario.

La distribución del ingreso probablemente empeoraría por los efectos inflacionarios de su oportunista política fiscal. No habría grandes avances en la reducción de la pobreza, manteniéndose los niveles actuales de 52 millones de pobres. Indudablemente no habría acuerdos para llevar a cabo una reforma fiscal.

En cuanto a la educación, el gobierno de Peña Nieto continuaría apoyando al sindicato de Elba Esther Gordillo. Habría un aumento en los niveles de gasto e inversión dedicados a la educación pero con poco impacto en la calidad educativa, probablemente habría inclusive un retraso en los indicadores de calidad de la educación debido al mayor énfasis que se daría a la cantidad más que a la calidad, favoreciendo y compensando la trayectoria política de los maestros y oponiéndose a su evaluación y premiación de sus conocimientos.

En términos de gobernabilidad habría una mejora, dada la mayor experiencia que tienen los priistas para manejar al país, pero continuarían las dificultades de entendimiento con el Congreso y para llevar a cabo las reformas estructurales que necesita el país. El nivel de control y supervisión en los gobiernos estatales mejoraría un poco, pero el cambio no sería sustancial.

En términos de seguridad, el gobierno de Enrique trataría de pactar con los criminales y la delincuencia organizada lo que a la postre, nos resultaría muy caro. Es ridículo e infantil pensar que se puede negociar y pactar con pillos que por definición no tienen palabra ni honor. Precisamente por ello son criminales, porque no tienen escrúpulos ni respeto al derecho ajeno. Probablemente no logre legalizar las drogas para sacar de la ecuación de la oferta al elemento criminal.

Finalmente en lo que toca al control de la corrupción, el gobierno de Peña Nieto no iría contra los gobernadores, secretarios de estados ni presidentes ladrones; trataría de pactar para que a él y a sus allegados, al terminar su administración, no les hicieran lo mismo. Los mecanismos de control de la corrupción y abuso de confianza de los niveles medios y bajos probablemente mejorarían.


Boletas de calificaciones
En la evaluación comparativa de los presidenciables, considerando las calificaciones a cada uno de los indicadores del Índice de la Esperanza, ninguno de los tres candidatos aparece como la mejor opción para México, pero la opción menos mala parece ser Josefina Vázquez Mota con un promedio de 6.5. El presidenciable más malo sería Andrés Manuel López Obrador con una calificación promedio de reprobado de 3.6. Enrique Peña Nieto pasaría de panzaso con un 6 de promedio. Ninguno de los dos candidatos aprobados figuraría en el cuadro de honor.

Evaluación de los presidenciables: Un ejercicio en razón a la esperanza

JVM
AMLO
EPN
PIB PC
8.0
2.0
7.8
Distribución del ingreso
6.0
4.0
5.2
Educación
5.5
4.0
4.2
Gobernabilidad
6.5
3.5
7.8
Seguridad
7.5
5.0
4.7
Corrupción
5.5
3.0
6.3
Índice de la Esperanza
6.5
3.6
6.0


Resultado de la evaluación
Seguramente otro evaluador modificaría alguna que otra calificación, pero dudo mucho que el resultado final cambiara mucho en lo fundamental: en las próximas elecciones no vamos a votar por el mejor candidato, sino por el menos malo.

Los líderes políticos que tenemos son los que merecemos. Si algo nos dice nuestra historia es que los mexicanos generalmente votamos por sentimiento, por interés propio y para alcanzar beneficios a corto plazo. Los mexicanos no contemplamos el beneficio a largo plazo, el interés de nuestros hijos y nietos, el bienestar del pueblo. ¿Por qué desde la independencia hasta hoy hemos tenido mayoritariamente entre malos y pésimos líderes que han llevado al país a estadios económicos muy por debajo de los niveles que hubiéramos podido alcanzar? Y no es porque no haya buenos líderes, los hay, es porque nosotros, los votantes no sabemos meditar nuestro voto. El votante mexicano desgraciadamente es egoísta, no altruista, por lo que existe la posibilidad de que vayamos a votar mayoritariamente en las próximas elecciones, no por el menos malo, sino por el más malo, el que más promesas haga, el que más despensas reparta.

¿Es posible una Estrategia Nacional de Energía en México?

Luis Gutiérrez Poucel
Consultor Económico
México, D.F. a 25 de enero de 2012

El objetivo de una buena Estrategia Nacional de Energía es promover el desarrollo económico sustentable de un país mediante el uso eficiente de los instrumentos de política pública y los recursos energéticos disponibles. Esto es en última instancia el propósito de cualquier estrategia de desarrollo: "mejorar el bienestar de la población".

Una buena estrategia permite responder de manera eficiente y oportuna a los desafíos y retos que se plantean en la economía, el sector energético y los mercados internacionales. La estrategia de energía busca reducir la incertidumbre sobre las reservas de hidrocarburos, los precios internacionales de los energéticos y los cambios en la tecnología. Una buena estrategia trata de orientar a los organismos que conforman la oferta nacional de energéticos para que tomen las mejores decisiones en cuanto al uso de los recursos disponibles, en cuanto a la exploración, producción, transformación, transporte, distribución y consumo de los energéticos, tomando en cuenta los efectos en el medio ambiente. En suma, una buena estrategia de desarrollo debe considerar los dos lados de la ecuación sectorial: la oferta y la demanda.

El Estado Mexicano consciente de que Pemex y CFE tienen más fuerza política que la propia Secretaría de Energía, propuso el instrumento de política llamado Estrategia Nacional de Energía (ENE) para que la Sener pudiese orientar el desarrollo de la oferta de acuerdo con los objetivos y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo. El ejecutivo, a través de la Sener, estará presentando al Congreso en febrero de 2012 su Estrategia Nacional de Energía para su revisión y eventual aprobación.

Como ya se mencionó, la estrategia óptima de energía debe considerar la oferta y la demanda. Los puentes de unión entre la oferta y la demanda son los costos (formas de gestión de las empresas) y los precios de los energéticos.

El problema que tiene la ENE es que nace castrada, pues descansa sobre una figura institucional rígida e inflexible. Las empresas del Estado se mueven más lentamente que las privadas, sus tiempos de respuesta son más demorados, hay burocratismo ante la incertidumbres en los recursos y mercados, hay una ineficiencia inherente en la estructura institucional en cuanto que las consideraciones políticas prevalecen sobre las económicas, hay falta de motivación sabiendo de que sí actúan mal, de que si se equivocan, papá Estado vendrá al rescate.

Los costos de Pemex y CFE están por encima de sus homólogos internacionales. Existe exceso de personal y los niveles de pérdidas son elevados. Pemex no se conduce con la agilidad que una empresa petrolera debería tener para poder responder de manera oportuna ante los cambios en sus reservas, de tecnología y en los mercados internacionales. Las prácticas de exploración y desarrollo de Pemex son inferiores a las prácticas internacionales, es por ello que el ritmo de incorporación de reservas está lejos de ser el óptimo.

En cuanto a los precios, México tienen probablemente los peores de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los niveles de las tarifas eléctricas son los más elevados en Norteamérica, restando competitividad a nuestra industria y reduciendo el bienestar de las familias mexicanas. La estructura tarifaria es de las más ineficientes en el mundo, pues en lugar de fomentar el consumo racional provoca el desperdicio. En efecto, conforme se mejora el factor de carga de la demanda, se reducen los costos en el suministro eléctrico y esto no está reflejado en la tarifa. El ajuste de los precios de los combustibles es a través de deslizamientos graduales en lugar de ser instantáneos hacia arriba o hacia abajo de acuerdo al cambio en los parámetros de costos y los precios internacionales.

Una buena política de precios tiene que cubrir los costos financieros y los costos de oportunidad. Cuando una empresa es eficiente sus costos disminuyen, por ello en sectores competitivos las empresas compiten siendo más eficientes. Menores costos significan precios más competitivos y por lo tanto un mayor mercado. En México no tenemos un sector energético competitivo, está dominado por las empresas monopólicas del Estado, por lo que se requiere de comparadores internacionales. Cuando comparamos los niveles de costo en todas las etapas de la cadena económica de Pemex y CFE, concluimos que estamos muy por encima del estándar internacional.

Cuando consumimos más hidrocarburos, dejamos de exportar, por lo que el precio internacional representa nuestro costo de oportunidad. Los precios en México tienen que estar alineados al mercado internacional. El mercado internacional es el espejo que refleja cuánto dejamos de ganar y cuánto perdemos cuando somos ineficientes. Los subsidios en México no son a los consumidores, a los usuarios de los servicios de energía, sino a la ineficiencia del Estado y de las empresas.

Para que la ENE funcione se requiere de un nuevo marco institucional. El actual tiene muchas ataduras, la Secretaría de Energía tiene poca fuerza para lograr que Pemex y CFE hagan lo que el Estado considera deberían de hacer. La ENE no le da el suficiente músculo que requiere la Sener para que las empresas sigan los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo.

En un país como México, las secretarías sectoriales deberían desaparecer e integrarse a la Secretaría de Economía. Dada la inmensa fuerza de la Secretaría de Hacienda, el énfasis del gobierno es en el levantamiento de recursos fiscales más que en su uso efectivo. Una Secretaría de Economía robusta le daría más importancia al manejo eficiente de los sectores económicos y al uso eficiente de los recursos fiscales para lograr los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo.

La mejor forma de gestión de las empresas estatales es a través de la medición de sus resultados, librándolas de ataduras institucionales y conceptos erróneos sobre la soberanía e independencia nacional. El único impacto con el cual se deben de juzgar las empresas públicas es a través de su impacto en el desarrollo económico sustentable, en el bienestar de las familias mexicanas. Todo lo demás sale sobrando.

La pregunta clave es ¿cuál es la mejor forma de gestión de Pemex y CFE? Sin lugar a duda, los contratos de gestión ofrecen la mejor opción. Los mejores equipos gerenciales se seleccionan mediante licitaciones abiertas, con base en criterios administrativos, financieros y económicos.

En suma, la Estrategia Nacional de Energía que muy pronto va a presentar el Ejecutivo al Congreso no va a servir para nada, las cosas van a seguir igual, puesto que los instrumentos disponibles para hacer una buena planeación del sector no existen. La estructura institucional es limitante y deficiente y las empresas del sector se manejan más con criterios políticos que con criterios económicos. ¿Para qué tanta vuelta estando el suelo tan disparejo?