El escritor y filósofo alemán Gotthold Lessing decía que “Pedir prestado no era mucho mejor que mendigar, así como el prestar con usura no era gran cosa menos que robar.”
Empecemos afirmando que las autoridades y entidades encargadas del proceso de fijación de los cargos e interés en las tarjetas de crédito en México atentan contra nuestros derechos humanos.
La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en su Artículo 21 párrafo 3 que “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.” Esta convención es de aplicación obligatoria en México. El estado mexicano está obligado a salvaguardar este derecho humano y evitar que sus ciudadanos sean explotados a través de la usura, especialmente por aquellas empresas que requieren concesión del Estado y son reguladas por éste.
El gobierno tiene tres organismos para regular el sistema financiero y proteger a sus usuarios. El Banco de México (BANXICO) tiene la obligación de regular las comisiones, intereses y otros cargos de las entidades financieras a sus clientes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene por objeto supervisar y regular a las entidades del sistema financiero, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, en protección de los intereses del público. La finalidad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a los bancos y compañías del ramo.
Estos organismos del Estado al permitir que las empresas financieras fijen excesivos cargos y tasas de interés en las tarjetas de crédito por arriba de la inflación, el costo de captación del dinero, los intereses legales y una tasa razonable de ganancia, permiten la usura y violan los derechos humanos de los usuarios que se suponen deben proteger, lo que constituye una flagrante violación a la ley y al Pacto de San José.
En principio, la tasa de interés de cualquier tarjeta de crédito es el porcentaje que cobra el emisor del crédito (el banco) por prestar el dinero, porcentaje que debe reflejar lo que el banco paga a los ahorradores más los costos de transacción (fijos y variables) más una utilidad razonable. De tal manera, si los bancos pagan 4% por conseguir su dinero y sus costos de transacción son del 0.5%, la tasa mínima de interés para cubrir costos sería de 4.5%.
En la práctica, los bancos buscan ganar por arriba del costo y cubrirse del riesgo de que algunos deudores no paguen. De tal manera, si consideramos un riesgo medio de que el 5% de los deudores dejen de pagar y una tasa mínima de ganancia equivalente al costo del dinero, la tasa de interés media debería de ser de 13.5%. El problema es cuando el sobrecargo por estos conceptos se vuelve excesivo y las autoridades no intervienen para evitarlo, permitiendo un robo en despoblado.
La mecánica de los cargos a las tarjetas de crédito en México es la siguiente. Una vez que pasa la fecha de corte y no se ha liquidado la deuda, el deudor tiene que pagar intereses, cargos y comisiones. Estos cobros varían de tarjeta a tarjeta, y de banco a banco. Los intereses moratorios son cargos adicionales que el emisor de la tarjeta cobra cuando se pasa el tarjetahabiente de la fecha límite de pago.
En México existe un divorcio entre las condiciones en el mercado financiero y los criterios de los emisores de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, el costo de la tarjeta Clásica de Banamex, frente a la que emite su matriz Citigroup en Estados Unidos es de más del doble. El Costo Anual Total (CAT) de la tarjeta de Banamex es de 45%, mientras que la tarjeta Simplicity, similar a la de Banamex, que ofrece Citigroup, en Estados Unidos tiene un APR (Annual Percent Rate), equivalente a lo que es el CAT, que va de 13% a un máximo de 22%. La tarjeta Básica de Scotiabank tiene en México un CAT de 53%, mientras que en Canadá su equivalente tiene un APR de 19.99%. El CAT de la tarjeta Clásica que emite Santander en México es de 41.7%, mientras que el APR de su tarjeta similar en el Reino Unido es de 18.9%.
No solamente los bancos extranjeros cobran excesivamente en México, también lo hacen los bancos nacionales. Banorte cobra un CAT de 78.5% por su tarjeta Básica y BanCoppel 89.9% por su tarjeta Clásica, mientras que la tarjeta equivalente (sin anualidad y para usuarios de bajos ingresos) en Estados Unidos es de 23%.
Estas inmensas diferencias se podrían explicar si existiese, por un lado, un mayor nivel de competencia en Estados Unidos y Reino Unido que en México y, por el otro, un mayor nivel de riesgo en México que el de estos países. Sin embargo, esto no es el caso.
En México existen arriba de 40 instituciones bancarias, más del 80% de las tarjetas de crédito están concentrados en los cinco bancos más grandes. No obstante, existen más de 150 diferentes tipos de tarjetas de crédito ofrecidas por instituciones bancarias y comerciales. Dados estos números, los economistas estiman que existen niveles adecuados de competencia para lograr tasas de interés competitivas en dichas tarjetas.
El nivel de riesgo en México no es superior al de los otros países. En efecto, el índice de morosidad en la cartera de tarjetas de crédito del Banco Nacional de México es de casi 5%, mientras que su matriz Citigroup reporta para el mismo lapso una falta de pago de alrededor de 6% en Estados Unidos. En cuanto al índice de morosidad en la cartera total de Santander en Reino Unido es de 1.86%, mientras que en México es de 4.9%.
Los niveles de competencia y riesgo en México no explican los elevados cargos que cobran los bancos y entidades comerciales a sus tarjetahabientes. La única explicación válida es que en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido las autoridades si regulan el sistema financiero y protegen a los usuarios, mientras que en México no. Los sobrecargos no son otra cosa que simple y sencillamente actos de rapiña financiera amparados por las autoridades del sector, específicamente BANXICO, CNBV y CONDUSEF. Esta falta de protección constituye una clara violación de los derechos humanos de los mexicanos al permitir la usura en los cargos en las tarjetas de crédito.
Hoy en día pedir prestado no es mendigar, sino tan solo una de las necesidades de la vida moderna. Sin embargo, la usura sigue y seguirá siendo un robo y una forma de explotación del hombre por el hombre.
domingo, mayo 25, 2014
miércoles, mayo 14, 2014
Siete de las Veinte Preguntas de Cuarón y Sarmiento
El 28 de abril de 2014 el cineasta Alfonso Cuarón formuló 10 preguntas sobre la reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Me encantó su iniciativa al debate, aunque pensé que las preguntas hubieran podido ser mejores. Sin embargo, me sorprendió y molestó la respuesta socarrona del periodista Sergio Sarmiento del 9 mayo del mismo año en donde invita a Cuarón a debatir en una cadena televisiva.
Sarmiento se autocalifica como un simple periodista, que nunca ha ganado un Oscar, que no es lo suficientemente importante para que el Presidente le conteste sus cartas y considera implícitamente al cineasta de conservador. Sarmiento le formula 10 preguntas bajo el supuesto de que Cuarón, al invitar al debate, está defendiendo al monopolio estatal vigente de Pemex.
Yo no soy cineasta ni periodista, sino tan sólo consultor económico, pero tengo la fortuna de venir de una generación que tuvo clases de oratoria en la Escuela Nacional Preparatoria No. 4. Mi maestro fue uno de los más grandes oradores que ha dado México, el Licenciado José Muñoz Cota. Más tarde tuve la suerte de estudiar mi maestría y doctorado en Inglaterra, donde el debate se practicaba no sólo para llegar a una conclusión y ganar el debate, sino para dominar el arte de debatir. Por ello me sorprende que cuando alguien cuestiona a nuestros políticos y colegas, estos se sienten amenazados, inseguros y responden al cuestionamiento como si se tratará de un ataque personal. El México de hoy desgraciadamente ha perdido la cultura del debate.
Sergio Sarmiento concluye que Cuarón –al inquirir sobre la reforma– aboga por el statu quo. Yo no lo entendí así. Cuarón solamente cuestiona e invita al debate para examinar, discutir e informar a los mexicanos sobre las virtudes y/o limitantes de la reforma. Sarmiento clasifica a Cuarón como conservador por el simple hecho de cuestionar al ejecutivo. Pareciera que no sólo en las dictaduras se impide a los ciudadanos ejercer sus derechos de libre expresión. Examinar, discutir y debatir no es liberal, ni conservador, ni de derecha o de izquierda, sino tan solo parte de un proceso que enriquece a la democracia participativa.
Estimados Cuarón, Sarmiento y lector, parto de la premisa de que no existen políticas liberales, conservadoras, de izquierda o derecha, sino tan sólo políticas correctas o equivocadas. En efecto, considero que si se acepta un objetivo común, la medida que nos acerque más rápidamente al objetivo es la mejor (o la menos mala). Si en nuestro caso el objetivo último de la reforma energética es mejorar el bienestar de las familias mexicanas de hoy y de mañana, entonces el mejor modelo industrial será aquel que mejore más rápidamente las condiciones de vida de los mexicanos presentes y futuros.
Bajo esta premisa, trato a continuación de responder a siete de las 20 preguntas que encontré más interesantes.
Me gustó la cita de Sarmiento “Es mejor debatir una disputa sin resolverla que resolver la disputa sin debatirla” de Joubert. Las 10 preguntas de Alfonso Cuarón han logrado, por lo menos, un debate entre nosotros. Ojalá y que otros mexicanos destacados inviten al debate en las otras reformas a través de cuestionamientos dirigidos a nuestros gobernantes. Los mejores proyectos de política pública, los más sustentables, son aquellos en donde la mayoría de los miembros de la sociedad se sienten participantes y propietarios.
Sarmiento se autocalifica como un simple periodista, que nunca ha ganado un Oscar, que no es lo suficientemente importante para que el Presidente le conteste sus cartas y considera implícitamente al cineasta de conservador. Sarmiento le formula 10 preguntas bajo el supuesto de que Cuarón, al invitar al debate, está defendiendo al monopolio estatal vigente de Pemex.
Yo no soy cineasta ni periodista, sino tan sólo consultor económico, pero tengo la fortuna de venir de una generación que tuvo clases de oratoria en la Escuela Nacional Preparatoria No. 4. Mi maestro fue uno de los más grandes oradores que ha dado México, el Licenciado José Muñoz Cota. Más tarde tuve la suerte de estudiar mi maestría y doctorado en Inglaterra, donde el debate se practicaba no sólo para llegar a una conclusión y ganar el debate, sino para dominar el arte de debatir. Por ello me sorprende que cuando alguien cuestiona a nuestros políticos y colegas, estos se sienten amenazados, inseguros y responden al cuestionamiento como si se tratará de un ataque personal. El México de hoy desgraciadamente ha perdido la cultura del debate.
Sergio Sarmiento concluye que Cuarón –al inquirir sobre la reforma– aboga por el statu quo. Yo no lo entendí así. Cuarón solamente cuestiona e invita al debate para examinar, discutir e informar a los mexicanos sobre las virtudes y/o limitantes de la reforma. Sarmiento clasifica a Cuarón como conservador por el simple hecho de cuestionar al ejecutivo. Pareciera que no sólo en las dictaduras se impide a los ciudadanos ejercer sus derechos de libre expresión. Examinar, discutir y debatir no es liberal, ni conservador, ni de derecha o de izquierda, sino tan solo parte de un proceso que enriquece a la democracia participativa.
Estimados Cuarón, Sarmiento y lector, parto de la premisa de que no existen políticas liberales, conservadoras, de izquierda o derecha, sino tan sólo políticas correctas o equivocadas. En efecto, considero que si se acepta un objetivo común, la medida que nos acerque más rápidamente al objetivo es la mejor (o la menos mala). Si en nuestro caso el objetivo último de la reforma energética es mejorar el bienestar de las familias mexicanas de hoy y de mañana, entonces el mejor modelo industrial será aquel que mejore más rápidamente las condiciones de vida de los mexicanos presentes y futuros.
Bajo esta premisa, trato a continuación de responder a siete de las 20 preguntas que encontré más interesantes.
- ¿Es preferible el monopolio estatal vigente al esquema propuesto de apertura a la iniciativa privada? Si algo nos dice la historia económica es que los monopolios son malos para la economía y sociedad de un país. El monopolio público es ineficiente y foco de corrupción. El monopolio privado es explotador. El monopolio privado extranjero es explotador y saqueador. Un sector con muchos participantes es más eficiente y menos corrupto que los esquemas monopólicos.
- ¿Bajarán los precios de los combustibles? Sí y no. Si, en el caso de la electricidad y de las energías alternativas. No, en el caso de los combustibles fósiles comercializados en los mercados internacionales. El nuevo esquema de la reforma va a promover menores costos de oferta. Pero los precios al consumidor de los productos del petróleo y gas tienen que reflejar sus precios internacionales.
- ¿Cuáles serán los impactos al medio ambiente? Ningún modelo industrial del sector sea éste de monopolio o de competencia tendrá cero impacto ambiental. La producción, transformación, transporte, distribución y consumo de energía siempre afectarán al medio ambiente. La única manera de evitar los impactos ambientales es no consumir energéticos. No obstante, bajo el esquema propuesto es probable que los impactos ambientales sean menores al aumentar el número de participantes y tener entes reguladores independientes.
- ¿Se van a promover energías alternativas? Sí, la apertura del sector a la participación privada va estimular la investigación, desarrollo y comercialización de energías alternativas.
- ¿Podrán las grandes trasnacionales capturar nuestro proceso democrático? “Nunca digas de esta agua no beberé.” La historia de las grandes empresas petroleras nos dice que esto es posible. Sin embargo, en el esquema propuesto, el gobierno y los reguladores tienen la obligación de no permitir posiciones dominantes de ninguna empresa. En igualdad de circunstancias, se debe promover alianzas con empresas nacionales. Se deben seguir los ejemplos de Noruega y Brasil.
- ¿Qué va pasar con la corrupción y los contratos millonarios? El esquema propuesto va a aumentar la transparencia en la asignación de contratos al separar a los reguladores de las empresas y del ejecutivo, y al permitir la entrada al sector de nuevos participantes. En cuanto a la corrupción sindical, el problema monopólico del sindicato va a continuar hasta que no se modifique la Constitución y la ley laboral.
- ¿Cómo evitar las prácticas depredatorias de las empresas? Se requieren reguladores autónomos, independientes, preparados y con fuerza. El regulador debe balancear los intereses de los consumidores, las empresas y el gobierno, por lo tanto no debe de ser capturado por ninguno de los tres. Si el Estado nombra a los reguladores, existe el peligro de captura. El proceso de elección de los reguladores tiene que ser transparente e independiente y debe provenir de la sociedad civil. Los reguladores no deben ser propuestos por el ejecutivo, legislativo o judicial. Los candidatos deben ser propuestos por consultores y elegidos por un panel de la sociedad civil. Es por ello que en los países desarrollados los reguladores generalmente provienen de academia no de los amigos de los políticos o gobernantes.
Me gustó la cita de Sarmiento “Es mejor debatir una disputa sin resolverla que resolver la disputa sin debatirla” de Joubert. Las 10 preguntas de Alfonso Cuarón han logrado, por lo menos, un debate entre nosotros. Ojalá y que otros mexicanos destacados inviten al debate en las otras reformas a través de cuestionamientos dirigidos a nuestros gobernantes. Los mejores proyectos de política pública, los más sustentables, son aquellos en donde la mayoría de los miembros de la sociedad se sienten participantes y propietarios.
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