domingo, mayo 25, 2014

BANXICO, CNBV y CONDUSEF violan los derechos humanos de los tarjetahabientes

El escritor y filósofo alemán Gotthold Lessing decía que “Pedir prestado no era mucho mejor que mendigar, así como el prestar con usura no era gran cosa menos que robar.”

Empecemos afirmando que las autoridades y entidades encargadas del proceso de fijación de los cargos e interés en las tarjetas de crédito en México atentan contra nuestros derechos humanos.

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) establece en su Artículo 21 párrafo 3 que “Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.” Esta convención es de aplicación obligatoria en México. El estado mexicano está obligado a salvaguardar este derecho humano y evitar que sus ciudadanos sean explotados a través de la usura, especialmente por aquellas empresas que requieren concesión del Estado y son reguladas por éste.

El gobierno tiene tres organismos para regular el sistema financiero y proteger a sus usuarios. El Banco de México (BANXICO) tiene la obligación de regular las comisiones, intereses y otros cargos de las entidades financieras a sus clientes. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene por objeto supervisar y regular a las entidades del sistema financiero, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, en protección de los intereses del público. La finalidad de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) es promover, asesorar, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios frente a los bancos y compañías del ramo.

Estos organismos del Estado al permitir que las empresas financieras fijen excesivos cargos y tasas de interés en las tarjetas de crédito por arriba de la inflación, el costo de captación del dinero, los intereses legales y una tasa razonable de ganancia, permiten la usura y violan los derechos humanos de los usuarios que se suponen deben proteger, lo que constituye una flagrante violación a la ley y al Pacto de San José.

En principio, la tasa de interés de cualquier tarjeta de crédito es el porcentaje que cobra el emisor del crédito (el banco) por prestar el dinero, porcentaje que debe reflejar lo que el banco paga a los ahorradores más los costos de transacción (fijos y variables) más una utilidad razonable. De tal manera, si los bancos pagan 4% por conseguir su dinero y sus costos de transacción son del 0.5%, la tasa mínima de interés para cubrir costos sería de 4.5%.

En la práctica, los bancos buscan ganar por arriba del costo y cubrirse del riesgo de que algunos deudores no paguen. De tal manera, si consideramos un riesgo medio de que el 5% de los deudores dejen de pagar y una tasa mínima de ganancia equivalente al costo del dinero, la tasa de interés media debería de ser de 13.5%. El problema es cuando el sobrecargo por estos conceptos se vuelve excesivo y las autoridades no intervienen para evitarlo, permitiendo un robo en despoblado.

La mecánica de los cargos a las tarjetas de crédito en México es la siguiente. Una vez que pasa la fecha de corte y no se ha liquidado la deuda, el deudor tiene que pagar intereses, cargos y comisiones. Estos cobros varían de tarjeta a tarjeta, y de banco a banco. Los intereses moratorios son cargos adicionales que el emisor de la tarjeta cobra cuando se pasa el tarjetahabiente de la fecha límite de pago.

En México existe un divorcio entre las condiciones en el mercado financiero y los criterios de los emisores de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, el costo de la tarjeta Clásica de Banamex, frente a la que emite su matriz Citigroup en Estados Unidos es de más del doble. El Costo Anual Total (CAT) de la tarjeta de Banamex es de 45%, mientras que la tarjeta Simplicity, similar a la de Banamex, que ofrece Citigroup, en Estados Unidos tiene un APR (Annual Percent Rate), equivalente a lo que es el CAT, que va de 13% a un máximo de 22%. La tarjeta Básica de Scotiabank tiene en México un CAT de 53%, mientras que en Canadá su equivalente tiene un APR de 19.99%. El CAT de la tarjeta Clásica que emite Santander en México es de 41.7%, mientras que el APR de su tarjeta similar en el Reino Unido es de 18.9%.

No solamente los bancos extranjeros cobran excesivamente en México, también lo hacen los bancos nacionales. Banorte cobra un CAT de 78.5% por su tarjeta Básica y BanCoppel 89.9% por su tarjeta Clásica, mientras que la tarjeta equivalente (sin anualidad y para usuarios de bajos ingresos) en Estados Unidos es de 23%.

Estas inmensas diferencias se podrían explicar si existiese, por un lado, un mayor nivel de competencia en Estados Unidos y Reino Unido que en México y, por el otro, un mayor nivel de riesgo en México que el de estos países. Sin embargo, esto no es el caso.

En México existen arriba de 40 instituciones bancarias, más del 80% de las tarjetas de crédito están concentrados en los cinco bancos más grandes. No obstante, existen más de 150 diferentes tipos de tarjetas de crédito ofrecidas por instituciones bancarias y comerciales. Dados estos números, los economistas estiman que existen niveles adecuados de competencia para lograr tasas de interés competitivas en dichas tarjetas.

El nivel de riesgo en México no es superior al de los otros países. En efecto, el índice de morosidad en la cartera de tarjetas de crédito del Banco Nacional de México es de casi 5%, mientras que su matriz Citigroup reporta para el mismo lapso una falta de pago de alrededor de 6% en Estados Unidos. En cuanto al índice de morosidad en la cartera total de Santander en Reino Unido es de 1.86%, mientras que en México es de 4.9%.

Los niveles de competencia y riesgo en México no explican los elevados cargos que cobran los bancos y entidades comerciales a sus tarjetahabientes. La única explicación válida es que en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido las autoridades si regulan el sistema financiero y protegen a los usuarios, mientras que en México no. Los sobrecargos no son otra cosa que simple y sencillamente actos de rapiña financiera amparados por las autoridades del sector, específicamente BANXICO, CNBV y CONDUSEF. Esta falta de protección constituye una clara violación de los derechos humanos de los mexicanos al permitir la usura en los cargos en las tarjetas de crédito.

Hoy en día pedir prestado no es mendigar, sino tan solo una de las necesidades de la vida moderna. Sin embargo, la usura sigue y seguirá siendo un robo y una forma de explotación del hombre por el hombre.

3 comentarios:

Anónimo dijo...

Acabo de leer tu nota y si es buena, el problema es que estas sembrando en el desierto, lo que escribes, se discute, desde antes de la guerra de independencia y nada cambia.
La voluntad gubernamental no esta en apoyo a las ´personas pensantes, esta en apoyos a ellos mismo, mientras esto exista, no podremos avanzar a un mejor país, los derechos humanos, al menos en este nuestro bello y gigantesco México, son manipulados a la conveniencia de unos pocos y no para todos y esos pocos en alto porcentaje son mafiosos.
Lo antes señalado, no nos debe amedrentar nunca, por nuestra forma de ser de pensar de actuar, la cual nos lanza a nunca DESISTIR.
TU CHARRO

Anónimo dijo...

¿Cual es el porcentaje de TOTALEROS que existe en México y en el extranjero?
No tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre, o dicho de otra manera: Si ya saben como me pongo, para qué me invitan.
fellusito

Luis Emiliano dijo...

No se puede castigar a la gente con sangre por ignorancia, errores de lesa majestad, por inmadurez, por falta de preparación, por las emergencias y por ser humano. Las autoridades se constituyen para hacer funcionar el sistema y proteger a los ciudadanos. Dejar a los emisores de las tarjetas de crédito hacer de ese mercado su coto de caza privado es inverosímil, al menos de que haya --como seguro lo hay-- contubernio y corrupción.