Obviamente sería irresponsable asegurar que, con tan solo dos meses de información, al principio de su mandato, se puede predecir con certidumbre cómo va a ser la administración de Andrés Manuel López Obrador durante los restantes cinco años y 10 meses, pero si pienso que existe una razonable probabilidad para vaticinar los principales rasgos que definirán al Gobierno de la Cuarta Transformación.
En este breve lapso de tiempo se ha podido notar una desaceleración del “ritmo histórico”. Las decisiones, resultados y reacciones del gobierno de Andrés Manuel apuntan a un verdadero paso del Rubicón: “Alea jacta est” –“El dado está lanzado” o “La suerte está echada”. En el ámbito de la política-política sus acciones apuntan un diálogo populista, demagógico y de confrontación ante las críticas y diferencias de opinión. En el entorno de la política económica, el gobierno ya ratificó su estilo estatista, intervencionista y de poco entendimiento de los mercados. En el ámbito de la política de seguridad también ya se definió su manera de pensar y actuar, basándose más en promesas, ocurrencias y una gran ingenuidad. En el campo de la política internacional ya se definió a través de acciones concretas como una administración hacia dentro, de escaso interés en las relaciones internacionales.
Revisemos algunas de las acciones, medidas de política y otros hechos de esta administración en sus dos primeros meses en el poder: diciembre del 2018 y enero del 2019.
En política Andrés Manuel ha mostrado que sabe de control político pero muy poco de cómo gobernar. Ha tratado de convencer a sus seguidores que ya no están en campaña, sino que están gobernando al país, por lo que deben de ser más tolerantes con la oposición. Sin embargo, algo es el discurso y otra es la acción, el gobierno ha dado muestras de poca paciencia con algunos gobernadores de oposición, mientras que les ha dado una gran apertura a las acciones ilegales de sus partidarios, tales como los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).
Este gobierno ha dado muestras de ser más subjetivo que objetivo, empezando con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, destruyendo un tercio de lo que se había hecho de un aeropuerto que nos iba va a poner en la vanguardia de la industria aeronáutica mundial. Cancelación sin respaldo técnico, mediante una consulta popular patito, que significa pérdidas para México de cientos de miles de millones de pesos. Esta obra se pagaba por sí sola, salvo que la cancelaran y demolieran… Así lo hizo este gobierno.
Otro ejemplo de subjetividad es el particular modo de entender el concepto de “legalidad”. Todos recordamos la fase de AMLO de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Si este gobierno fuera objetivo, perseguiría todos los actos ilegales, y las acciones que atentan contra la propiedad privada e integridad física de los mexicanos. Sin embargo, el ejecutivo ha tenido acciones contra los huachicoleros, mientras que se ha mantenido al margen de las acciones ilegales de los maestros de la CNTE al bloquear las vías ferroviarias en Michoacán y ocasionando pérdidas por más de 25,000 millones de pesos, 3 millones de toneladas de mercancía sin trasportar y más de 350 ferrocarriles varados.
El Estado tiene el monopolio constitucional del uso de la fuerza, ningún otro grupo de la sociedad se puede adjudicar dicha atribución, es por ello que se persiguen a los criminales y delincuentes. El Estado mexicano, al permitirle a los maestros usar la fuerza para bloquear las vías de transporte y afectar los derechos de terceros, tuvo una conducta impropia a un estado de derecho, y fue señal de gobierno fallido. Un estado verdaderamente democrático debe actuar con imparcialidad, sin tener grupos favoritos, debe gobernar para todos y representar a todos sus habitantes. En el extremo de la lógica subjetiva de la administración de López Obrador, se le podría cuestionar ¿qué hace peores a los ladrones de combustibles? Y ¿qué hace mejores a los maestros que bloquean el transporte de personas, bienes y mercancías produciendo pérdidas millonarias a los empresarios, quebrantos económicos a las personas y desaparición de fuentes de trabajo. Lo subjetivo de esta administración es que a algunos se les aplica la ley, mientras que a otros no, dejándolos que resuelvan sus diferencias con el argumento de “prefiero no meterme,” a pesar de que sus acciones no son más que un chantaje que afecta los derechos del resto de la sociedad.
Confieso que siempre tenido dificultades para entender la lógica de un gobierno que le permite a pseudo estudiantes, normalistas, porros, anarquistas y otros grupos el bloqueo de avenidas, secuestro e incendio de vehículos y camiones, rompimiento de puertas, vidrieras y ventanas de negocios legalmente establecidos, lanzamiento de piedras y proyectiles a las fuerzas del orden. Los que actúan de esa manera son vándalos a los que se les debe de aplicar todo el rigor de la ley, no hacerlo es simple y llanamente señal de ingobernabilidad.
Con tantas promesas de campaña y alianzas con los sindicatos, la entrada en funciones del gobierno de Andrés Manuel acabó con la paz laboral en México. Hasta el momento han estallado 47 huelgas, el doble de las que hubo en el sexenio pasado.
Nadie en pleno uso de sus facultades, podría oponerse al combate contra el robo de combustibles, pero la inacción y falta de decisión para usar la fuerza pública para evitar el robo de gasolina por los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, condujo a la tragedia de la explosión y muerte de casi 130 pobladores de la zona. Con esta singular manera de actuar –de evitar confrontaciones con el pueblo– no se pudo impedir una tragedia fácilmente evitable, falta de carácter del gobierno Federal que señala debilidad, ingobernabilidad e ineptitud.
Aquí vale la pena hacer un breve paréntesis acerca del robo de combustibles, puesto que las cifras reportadas por Pemex son tan solo el 25% de las pérdidas estimadas con base en los anuarios estadísticos de la paraestatal. Pemex estima que las pérdidas en el 2018 solo ascendieron a $60,300 millones de pesos, equivalente a 58,200 barriles diarios, pero cálculos propios sugieren que los robos son cuatro veces más que lo reportado por Pemex. En efecto, las pérdidas reales fueron de $259,645 millones de pesos, equivalentes a 253,909 barriles diarios de gasolina, lo que equivale al 1.7 por ciento del valor del Producto Interno Bruto de México en el 2018.
La diferencia entre las cifras publicadas por las autoridades y las calculadas por este comentarista solamente se pueden explicar si no se consideran algunos modos de robo de combustibles, tales como el robo (1) en las instalaciones de Pemex, (2) en sus ductos, (3) de las pipas, (4) en los puertos, y (5) en alta mar.
El robo de combustibles se ha venido dando desde hace varios sexenios atrás, en el 2000 ascendió al 1.6 por ciento del PIB subiendo a la cifra récord del 2.5 por ciento del PIB en el 2016. Llos volúmenes robados más grandes se presentaron durante los sexenios de Vicente Fox (41% del total de la oferta de gasolinas y diésel usurpado en promedio del 2001 al 2006), y de Peña Nieto (38% de la oferta de combustibles de transporte saqueado en promedio del 2013 al 2018), mientras que en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012) los robos bajaron al 24% de la oferta de gasolinas y diésel. Estos hurtos millonarios nunca se podrían explicar sin la colaboración y participación de las autoridades gubernamentales y funcionarios de la paraestatal.
Las gráficas a continuación permiten apreciar cómo en el periodo de 2000 al 2006 los robos de combustibles fueron casi la mitad de la oferta, reduciéndose a partir del 2006 hasta el 2012 a partir de donde crecen de manera abrupta, manteniendo altos niveles hasta el final de sexenio de Enrique Peña Nieto. La primera gráfica se refiere a volúmenes de ventas, mientras que la segunda a valores constantes de 2018, por lo que ni la inflación ni el tipo de cambio influyeron en los resultados.
El desabasto en el suministro de gasolinas se produjo –de acuerdo con las autoridades– por estas acciones de combate al huachicoleo, pero en realidad no solamente fueron resultado de éste combate, sino a que también hubo una fuerte disminución en las importaciones de gasolinas. Esa baja fue resultado de una mala planeación: las cifras no mienten.
Los desafíos financieros de Pemex y la falta de confianza de los analistas internacionales sobre el equipo dirigente para administrar a la petrolera llevaron a la Calificadora Fitch Ratings a reducir la calificación de los bonos a largo plazo en dólares y pesos de Pemex, lo cual encarece el acceso al crédito. Esto es resultado, por un lado, del continuo deterioro del perfil crediticio de Pemex y, por el otro, del escepticismo de los mercados acerca de la capacidad del equipo de funcionarios nombrados para manejar a la paraestatal.
Ante la reducción de la calificación de la agencia crediticia, AMLO reaccionó a lo tonto, como Nicolás Maduro, atacando, criticando y acusando a Fitch Ratings de hipócrita, pues según el mandatario, “la agencia permitió el saqueo de Pemex, avalando la reforma estructural en materia energética sin que haya llegado la inversión extranjera, ni aumentado la producción petrolera.” La molestia de Andrés Manuel fue mayúscula, agregando que, “los inversionistas con ética saben que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad…” Esto último sonó inocente e ingenuo.
Caray, nadie duda de que las calificadoras no son éticas ni morales, pero hay que reconocer que mueven los mercados e impactan en la inversión que tanto requiere el país. El mensaje que la agencia Fitch mandó a México lo tiene que escuchar fríamente el gobierno, escuchar con la cabeza, no con las vísceras. En sencillas palabras, el mensaje es que el equipo novato propuesto para Pemex no es viable ni sostenible. La recomendación obvia a AMLO es que cambie el equipo directivo a uno más preparado y fogueado en el sector. Por lo pronto, ese error le va a costar al país entre 20 a 30 mil millones de pesos.
Otra recomendación a nuestro presidente es que las cifras –resultados de los cálculos financieros y de robos– sean lo más apegadas a la realidad, eso mandaría una buena señal a los mercados de que su equipo de funcionarios sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Estimaciones diferentes de los analistas de las calificadoras e inversionistas con respecto a las reportadas por Pemex, conducen a la desconfianza y al cuestionamiento de la capacidad profesional de los encargados del sector y de sus empresas.
En el ámbito de política internacional, AMLO ha dado muestras de falta de interés y de poco entendimiento del contexto internacional. Por un lado, colocó a México a la diestra del dictador de Venezuela, Nicolás maduro, formando fila con Nicaragua, Cuba, Siria, Rusia, Irán y China. Por el otro, ante la deterioración de las perspectivas de crecimiento, justo cuando el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que la economía de México crecería más lento debido a la caída de la inversión privada, Andrés Manuel López Obrador decide no asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ni enviar a ningún miembro de jerarquía de su gabinete. En cambio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, capturó la atención mundial cuando habló ante el foro, celebrando reuniones con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y otros gobernantes e inversionistas mundiales. La cumbre anual de Davos es de las pocas ocasiones en que los presidentes latinoamericanos pueden atraer la atención de los inversionistas, especialmente cuando inician su mandato y no son conocidos en el exterior. Qué pena, México tuvo la presencia de más bajo perfil en la historia reciente de las reuniones en Davos, precisamente ahora cuando lo que más necesita es disipar las dudas y preocupaciones de los inversionistas.
Muchos inversionistas continúan inquietos por las señales que AMLO esta enviado, tales como la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, para el que ya se habían firmado contratos y emitido bonos, y el cambio de las leyes del sector energético que buscaban atraer inversiones y aumentar la productividad.
Los inversionistas son una variable esencial en la función objetivo del gobierno de AMLO. Cueste lo que cueste, por muy denigrante que sea, es preferible cortejar a los inversionistas que confrontarlos. No puede haber un aumento sostenible en la riqueza, ni una reducción duradera en la pobreza, sin crecimiento económico, y no puede haber crecimiento económico sustentable sin inversión.
El gobierno cerró Pro México, el instrumento para atraer la inversión externa que a juicio de la mayoría de los analistas había dado buenos resultados. $193,000 millones de dólares en inversión extranjera llegaron a México durante el sexenio de peña Nieto, gracias en parte a la labor de Pro México. En efecto, el dinero no llega solo, hay que pelearlo y atraerlo. También el gobierno clausuró el Fondo Nacional de Promoción Turística cuya labor contribuyó a que México se convirtiera en la sexta potencia turística mundial.
A pesar de las buenas intenciones, la honestidad de AMLO, y el predicar con el ejemplo, la corrupción parece no disminuir, sino que – de acuerdo con la percepción popular– sigue en ascenso, lo que sugiere que esas buenas intenciones sufren de ingenuidad. En efecto, según Transparencia Mexicana, México cayó tres lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), ubicándose en la posición 138 de 180 países a nivel global. A pesar de las buenas intenciones de Andrés Manuel, la corrupción en México sigue su tendencia ascendente, producto de serios problemas de gobernabilidad y bajos niveles de ingreso y de desarrollo humano. El nivel de México lo coloca en el último lugar entre los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), por debajo de Grecia y Hungría, países que en años recientes enfrentaron severos problemas de gobernabilidad y viabilidad económica.
La política de seguridad este gobierno consiste en militarizar al país mediante la creación de una Guardia Nacional, y a buscar la Pax Narca. En una de sus conferencias de prensa matutinas, nuestro mandatario explicó la génesis de su política de seguridad diciendo que “…la guerra contra los líderes del crimen organizado ha terminado oficialmente”, exponiendo que “el objetivo no es la captura de los cabecillas de los carteles de la droga o del huachicoleo, sino garantizar la seguridad pública… Eso es lo fundamental, no lo espectacular… ya no hay guerra, nosotros queremos la paz… La función principal del gobierno es garantizar la seguridad y bajar el número de robos, homicidios y secuestros… No se han detenido a capos, porque esa no es nuestra función principal, sino la de garantizar la seguridad pública.”
Las preguntas obligadas son ¿para que quienes la Guardia Nacional entonces? Y ¿cómo se puede garantizar la seguridad si se permite a los criminales seguir delinquiendo? La seguridad pública solamente se puede garantizar cuando los que atentan contra ella son inhabilitados para hacerlo. Evitar el crimen, sin detener al criminal, sólo conduce a más crímenes. Pensar que la solución a la inseguridad es atacar a los actos delictivos sin aprender y enjuiciar a los culpables es simplemente demagogia, o una increíble ingenuidad.
¿Cómo veo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Francamente me gustaría hablar bien de él y evaluar su gestión positivamente, porque entre mejor le vaya, mejor le ira a México, pero me es imposible hacerlo. Andrés Manuel es una persona de piel delgada con un frágil ego, pero terco y obstinado. AMLO es el único que puede decidir, ignora a sus colaboradores, porque inconscientemente se considera tocado por Dios. Sus promesas de grandes crecimientos, de por lo menos el 4% anual, dificultosamente los va a poder cumplir, el crecimiento en el 2019 difícilmente será superior al 1%, lo que significa una disminución en términos reales de los ingresos de todas las familias mexicanas.
Empero, lo importante para él parece ser su popularidad más que el buen manejo del país. Las conferencias diarias de prensa de AMLO y su lucha contra el huachicoleo han aumentado su popularidad, que era del 77 por ciento cuando empezó su mandato y el 6 de febrero de 2019 contó con el 86 por ciento de aprobación (según una encuesta del periódico El Financiero). Muchos mexicanos lo ven como su líder, honesto, transparente y accesible. No obstante, las acciones políticas, económicas, de seguridad e internacionales colocan a este arranque de gobierno como el más caro de los últimos 70 años.
En estos dos meses y días se ha notado una desaceleración del “ritmo histórico”. Pasamos de 20 años de gobiernos débiles, pero democráticos, a los gobiernos del siglo XX de presidentes fuertes, al culto de la personalidad del caudillo. Las acciones y faltas de acciones del gobierno de López Obrador apuntan a un verdadero cruce del Rubicón: “Alea jacta est”. Si algunas palabras pudieran definir estos primeros meses de gestión del gobierno de AMLO serían probablemente la ineptitud y la magia de las palabras: la gente prefiere creer en una irrealidad prometedora, que en la triste realidad.
