América Latina es una de las regiones del mundo con el mayor número de organismos subregionales, tanto políticos como económicos reflejos de un legado bolivariano y de un anhelo de unión de nuestros países. Sin embargo, a pesar de la historia y el deseo romántico de un futuro compartido, no se ha logrado la suma de las sinergias de los países miembros; siempre han ganado los intereses personales de los gobernantes, las ideologías neo populistas y las rivalidades chovinistas. Estos obstáculos trasnochados han generado conflictos bilaterales que han impedido la unificación de criterios y procedimientos, bloqueando los procesos de integración.
Nuestra región ahora enfrenta nuevos retos por la interminable corrupción e infinita ineptitud de varios gobiernos en la región, destacando las situaciones por las que atraviesan Venezuela y Brasil.
A todo latinoamericano le duele ver lo que está pasando en Venezuela, una de las economías que en el pasado tenía uno de los más altos niveles de vida en la región esta ahora sumida en un desastre socioeconómico. Venezuela atraviesa por una crisis humanitaria por falta de alimentos: el 68% de los productos básicos escasean, un tercio de la población come solo dos o menos comidas al día, siete de cada diez venezolanos perdió en promedio 8.7 kilos de peso en el último año. Éste desastre socioeconómico no fue provocado por catástrofes naturales ni por escasez de recursos sino por la ineptitud del gobierno venezolano y la extendida corrupción. En ningún momento el gobierno de Nicolás Maduro ha aceptado responsabilidad por la situación de crisis económica, acusando a los opositores y defendiéndose con ideologías sustentadas en un populismo nacionalista y un neo socialismo trasnochado.
Maduro en sus ansias de mantenerse en el poder ha orquestado un Golpe de Estado al (1) anular al parlamento, (2) constituir un Tribunal Supremo electo de manera inconstitucional, usurpando de facto todas las funciones del parlamento democráticamente elegido, (3) postergar indefinidamente las elecciones, y (4) crear medio millón de milicias pretorianas que no dependen del ministerio de defensa, sino del propio Maduro, milicias cuya figura legal no existe en la constitución. Esto hace recordar los caricaturescos batallones de la dignidad creados por el dictador narcotraficante Manuel Noriega allá en el Panamá de los ochenta, o de los salvajes tonton macoutes del dictador haitiano Papa Doc Duvalier.
En los países democráticos no hay milicias populares sino tan sólo fuerzas armadas profesionales y apolíticas; solamente las fuerzas armadas de una nación pueden custodiar las armas de la patria y por ello se les prohíbe intervenir en la lucha política. En las democracias, la violencia de Estado debe ser independiente de los intereses e ideologías de los gobernantes en turno.
La situación en Venezuela es crítica, la administración de Maduro ha acabado de sumir a Venezuela en una de las crisis más graves de su historia. En el marco de un Estado de Emergencia permanente, no aprobado por la Asamblea Nacional, Maduro ha encarcelado a los líderes de oposición o los ha inhabilitado, postergando indefinidamente el derecho constitucional al voto. Ante el creciente descontento, el gobierno venezolano ha incrementado la represión de los manifestantes por la Guardia Nacional. El costo de la represión ha sido alto, ya van alrededor de 60 muertos en las constantes manifestaciones contra Maduro.
Otro país que está sufriendo los estragos económicos y políticos de la corrupción es Brasil, donde sus habitantes están hartos de que todos sus gobernantes hayan caído presas de la corrupción: el expresidente Lula da Silva, la presidenta destituida Dilma Rousseff y el actual presidente Michel Temer. El presidente está siendo acusado de obstrucción de justicia y cobro de sobornos por el fiscal del Tribunal Supremo, dando a conocer una conversación grabada del empresario Joesley Batista con el presidente Temer, en la cual queda en claro la complicidad para comprar el silencio del expresidente de la Cámara. Dos de los empresarios más poderosos de América Latina, Odebrecht y Batista, están pasando a la historia como los villanos más grandes de Brasil en contubernio con los principales políticos.
No podemos cerrar esta nota sin mencionar lo que está pasando en México con las próximas elecciones en el Estado de México, Coahuila y Nayarit. Las campañas electorales se han distinguido por las acusaciones entre los candidatos, las descalificaciones entre los partidos, y las promesas imposibles de cumplir. Éstas elecciones se están dando bajo un clima de incertidumbre por las políticas del presidente electo Donald Trump, clima que afecta todos los canales económicos como las exportaciones, remesas, inversión extranjera, el clima de negocios y la confianza de los consumidores. Aparte, la inseguridad continúa rampante con los asesinatos de periodistas, robos de combustibles, enfrentamientos de narcotraficantes, pero tranquilos por favor, que ya se abrieron carpetas de investigación…
El sueño bolivariano de una América Latina unida es cada vez más lejano. A la mejor podríamos encaminarnos en esa dirección siempre cuando el proceso de integración fuera independiente de los intereses de los presidentes en turno, de los compromisos de los partidos y de las ideologías de los gobernantes, pero eso es fácil decirse y difícil de lograrse.
Simón Bolívar en 1824 decretó la pena de muerte contra los funcionarios corruptos, teniendo en cuenta que una de las principales causas de los desastres de la República era la escandalosa dilapidación de fondos públicos por algunos funcionarios, decretando que todo funcionario público a quien se le encontrara haber malversado o tomado para sí fondos públicos quedaría sujeto a la pena capital, y aquellos jueces a quienes les competía esta responsabilidad y que en su caso no procedieran conforme a este decreto también serían condenados a la misma pena. Claro, casi 30 años después de la muerte del libertador, sus decretos fueron abolidos por los gobernantes en turno.
No creo que nadie sepa cuál es el destino de América latina, pero sí creo que muchos sabemos cuáles son sus desafíos: combatir la corrupción, disminuir la inseguridad y evitar los abusos de poder.
