viernes, septiembre 27, 2013

Prevención o Combate al Delito: El dilema de Enrique Peña Nieto

El propósito de esta nota es examinar la política de seguridad del gobierno.

Toda estrategia de seguridad bien diseñada tiene que comprender tanto la prevención de los delitos como la lucha contra el crimen. Son las dos caras de la moneda: la prevención y el combate del delito. No se puede tener una política de seguridad exitosa, si no se combate a la delincuencia. Y no se puede tener una estrategia de prevención del crimen, si los criminales están en libertad de hacer lo que quieran.

Las acciones de prevención del delito son sexy, tienen un impacto social y político positivo. Anunciar una campaña de educación en contra de la violencia escolar y familiar, suena bien, da la idea de que el gobierno está haciendo algo para reducir la inseguridad. Esto se debe a que las medidas de prevención del delito son medidas estructurales. Sus resultados tardan tiempo en darse, son resultados de mediano y largo plazo.

Por el otro lado, cuando se actúa en contra del crimen, se producen enfrentamientos con consecuencias inmediatas en pérdidas humanas, sociales y económicas. Las medidas de combate al delito son medidas de carácter coyuntural, son medidas de corto plazo, inmediatamente se ven los resultados. Son medidas necesarias, pero que no gustan.

La política de seguridad del gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho énfasis en la prevención del delito, probablemente con el fin político de mejorar la percepción de seguridad de los mexicanos, pero carece de un programa de combate a la delincuencia.

Antes de entrar en materia, permítanme mencionar tres premisas fundamentales:
  1. El propósito de cualquier política pública es mejorar el bienestar nacional. Las acciones para reducir la inseguridad y mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad son elementos fundamentales para darle legitimidad al gobierno de un país. Cualquier política de seguridad que pretenda reducir la inseguridad de manera sostenible requiere contemplar los dos lados de la ecuación: el combate al delito y la prevención del delito.
  2. El Estado es la única institución que tiene como recurso el uso de la violencia. Ningún otro grupo tiene esa prerrogativa. El uso de la violencia es un instrumento de política pública para proteger la integridad física, el bienestar, la propiedad y los intereses de los habitantes de un país. Por ello, los gobiernos no pueden permitir el uso de la violencia a grupos ajenos a las instituciones del Estado, combatiendo y tratando de evitar la violencia de los grupos al margen de la ley.
  3. Una economía más segura tiene un crecimiento económico de uno a tres puntos porcentuales por encima de una menos segura. Una economía con bajos niveles de inseguridad tiene costos menores, pues no tiene que gastar excesivamente en sistemas de seguridad y protección. La gente tiene confianza para salir, comprar, divertirse, viajar e invertir para el mañana. La gente que se siente insegura, compra menos, sale menos, viaja menos, vive al día y está traumatizada. Los buenos trabajadores (los más productivos) emigran a las zonas mas seguras.
El gobierno de Enrique Peña Nieto anunció el 11 febrero 2013 en Aguascalientes su Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La estrategia del programa implica la coordinación de nueve secretarías federales, su aplicación en el 10% de los municipios del país, y un presupuesto de 2,500 millones de pesos en su etapa inicial. El propósito es atender las causas del delito y la violencia, tales como la violencia escolar y familiar, la prevención de las adicciones y la detección temprana de problemas de conducta y aprendizaje.

El gobierno poco ha hablado sobre el combate al delito, probablemente para asentar una diferencia importante con respecto a la del gobierno de Felipe Calderón, quien fue criticado severamente por su campaña de lucha contra la delincuencia organizada. Pero, como el combate contra el delito es importante para una estrategia de seguridad, el portal de Internet de la Comisión Nacional de Seguridad todavía presenta el Programa de Combate y Prevención del Delito de Felipe Calderón, puesto que el actual gobierno todavía no ha formulado su programa de combate a la violencia.

En efecto, cuesta menos prevenir el delito que combatirlo –dice el dicho, “más vale prevenir que lamentar”. Sin embargo, cuando el nivel de inseguridad es elevado, se tienen que implementar medidas inmediatas de combate a la delincuencia. Es una cuestión de sobrevivencia: la delincuencia extrema perjudica el curso normal de la economía y la vida social, restándole gobernabilidad y legitimidad al Estado.

El programa de combate a la delincuencia del gobierno pasado estuvo bien intencionado, pero le falló su comunicación social y política. El punto importante que hay que destacar es que es más perjudicial a mediano y largo plazo para México ignorar a la delincuencia organizada para evitarse el costo político de las malas noticias que enfrentarla. Por definición, tampoco se puede negociar con los criminales. Negociar con criminales son las vitaminas para fortalecer la corrupción.

Las buenas noticias son que la lucha en contra de la delincuencia probablemente se puede hacer mejor que en el pasado. No se tiene que seguir con el mismo enfoque de combatir a fuego y bala a los criminales, se pueden emplear medidas indirectas basadas en las últimas tecnologías y sistemas inteligentes.

Las acciones directas del combate al delito incluyen personal policial y de seguridad, la compra de más y mejor armamento, equipos y vehículos, el uso de retenes en las carreteras y vías de acceso, programas para promover el no salir de sus casas después de ciertas horas, etc. Estas acciones directas tienen costos (1) monetarios y sociales por la gente lastimada y muerta, (2) económicos por las pérdidas de productividad e inversión, y (3) costos políticos por las críticas. Estos costos pueden considerarse tan elevados, que la gente y las autoridades prefieren a veces vivir e ignorar a la delincuencia organizada, que enfrentarla.

Sin embargo, no es necesario meter la cabeza en un hoyo. Existen algunas medidas indirectas con mayor probabilidad de éxito y de menor costo económico, social y político que las directas. Tal es el uso de tecnologías de punta y sistemas inteligentes que permiten información instantánea y detección temprana de actos criminales. Una estrategia de combate al delito basada en estas tecnologías y sistemas cuesta más caro al principio, pero resulta más barata en en el mediano y largo plazo. El uso de estas tecnologías descansan en el principio de que “evitar un delito cuesta menos para la sociedad y para las víctimas que enfrentar al criminal en el acto de cometer el delito, o capturarlo después de haberlo cometido.”

Recientemente se anunció el Plan Frontera Sur, un esquema de vigilancia para contener el tráfico de armas, drogas, contrabando de mercancías, y flujo de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Este esfuerzo descansa en el uso de retenes y puestos de control vehicular en las carreteras y vías de acceso del sur, y el empleo de 2,400 efectivos del ejército y agentes federales. El costo de este esquema es elevado porque implica personal de seguridad armado, empleados sujetos a las tentaciones de la corrupción, construcción y establecimiento de puestos de control vehicular, adquisición y uso de vehículos, más las pérdidas de tiempo de todos los vehículos privados y públicos de pasajeros y carga en las revisiones.

En lugar de retenes, la opción inteligente consistiría en arcos móviles de escaneo con rayos X que permitan detectar en tiempos prudentes lo que llevan los vehículos. Las imágenes de los escaneos se envían en tiempo real a un centro de análisis en algún lugar del país donde se analizan. De tal manera, si un camión lleva armas, drogas, contrabando o gente oculta, tres o cuatro kilómetros adelante se le hace la parada y detención correspondiente. Esto envía un mensaje inmediato a los delincuentes de que no pueden transportar armas, dinero, mercancía y gente ilegal.

¡Qué bueno que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté manejando mejor sus relaciones públicas! Y ¡Qué bueno que se haya mejorado la percepción de seguridad! Sin embargo, el nivel de delincuencia real probablemente está igual o peor. Si la intención del gobierno actual es pasar a la historia como un gobierno mejor que los anteriores, es importante que tenga un programa integral de seguridad que contemple los dos lados de la moneda: la prevención y el combate al delito.

No solamente es necesario manejar bien en los medios la estrategia de combate al delito, sino también debe descansar en las mejores opciones. Las tecnologías de punta y sistemas inteligentes ofrecen una alternativa viable para lograr una mayor seguridad en nuestro pobre país tan afectado por los altos niveles de criminalidad.

En el momento actual hay que hacer ambas cosas: combatir y prevenir el delito. No solamente hay que hacer lo que tiene rentabilidad política, sino lo que mejora y sustenta el bienestar nacional.


Los que quieran ver mas que leer, les paso la liga del vídeo-articulo:

http://youtu.be/EuJOcD4kYYY

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