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miércoles, marzo 13, 2019

100 días del gobierno de AMLO: concentración del poder en seis actos

Cuando pensé en el tema para este artículo, lo primero que se me vino a la mente fue escribir sobre “los aciertos y desaciertos durante los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador”, pero cambié de opinión al pensar que sería un tema muy trillado por su gran interés para otros articulistas y analistas dada lo peculiar y popular que ha sido esta administración. Sin embargo, especulé que podría escribir sobre un rasgo que parece irse fortaleciendo con las acciones e inacciones del gobierno de la cuarta transformación: “su evidente estrategia de acumulación y concentración de poder.”

El afán de aumentar y concentrar el poder en el ejecutivo no es nada nuevo en la historia de México. Esta ambición de poder la hemos visto desde antes de la dictadura de Porfirio Díaz hasta los gobiernos post-revolucionarios. Lo nuevo, en la situación actual, es que todo gira alrededor de una persona sin haber precedido una guerra de independencia o revoluciones civiles. Todo se mueve en torno a un carismático líder, de popularidad creciente a pesar de verse envuelto en malas decisiones de política económica y social. Los mexicanos estamos viviendo la época del caudillo teflón, al que lo negativo se le resbala, no se le pega, excepto el cariño creciente de la gente.

Estos 100 días de gobierno dejan ver algunos indicios del “destino manifiesto de la cuarta transformación”, un proyecto no explícito en seis actos para aumentar el poder en la persona de López Obrador, y controlar la dirección del país.

A continuación, hablamos de cada uno de estos actos.

Primer acto: fortalecer al ejecutivo. El estilo de esta administración es la poca tolerancia del presidente con los opositores, y la no admisión de la disensión entre sus rangos. Aun cuando las descalificaciones a sus adversarios han venido disminuyendo en tono y número, todavía escuchamos de vez en cuando los adjetivos de “fifis”, “pirrurris”, y “ternuritas”.

La creación de los súper delegados en los estados tuvo el claro propósito de transferir parte del poder al centro. Las giras a los estados organizadas por el gobierno federal, siempre son caracterizadas por los abucheos a los gobernadores, sugiriendo mano negra en la preparación de estas reuniones por parte del equipo de AMLO.

Si alguien de su administración da muestras de iniciativa e independencia de pensamiento, explicando alguna situación de manera diferente al pensamiento de AMLO, no tarda éste en salir y descalificarlo. Así pasó con el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera que mencionó al Financial Times que la construcción de la refinería se atrasaría porque esos fondos se utilizarían para el fortalecimiento de Pemex. Al día siguiente, AMLO en su conferencia matutina reviro afirmando que la refinería de Dos Bocas en Tabasco iba y que el 18 de marzo se anunciaría su licitación. Sus conferencias matutinas se han distinguido por ser el “show de un solo hombre”, donde sus secretarios de Estado aparecen atrás de él como figuras decorativas.

Segundo acto: hacer al poder legislativo su incondicional mano derecha. A través de la mayoría de Morena –junto con los partidos del trabajo, encuentro social y verde– las cámaras de diputados y senadores han servido para aprobar las iniciativas del ejecutivo. Los ejemplos más claros han sido la aprobación de la guardia civil y el nombramiento de la candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iniciativas que enfrentaron gran oposición y numerosas descalificaciones, pero que fueron aprobadas por mayoría. Aparte, a través de sus “consultas a modo”, buscando avalar sus decisiones con sus grupos de seguidores, está marginando al poder legislativo para decidir en asuntos de competencia legislativa, tales como decisiones sobre política agrícola, estrategia de pensiones, selección de proyectos de infraestructura, etcétera.

Tercer acto: lograr el apoyo incondicional del ejército. Por un lado, el esfuerzo para la aprobación de la guardia civil empoderó a las Fuerzas Armadas, e implícitamente creara la “guardia pretoriana del gobierno de la cuarta transformación”. Por el otro, la creación del gobierno de nuevas fuentes financieras para el ejército, seduce y compromete a las Fuerzas Armadas; en pocos países –excepto en tiempos de guerra– se ha visto que un gobierno democrático le otorgue el desarrollo y gestión de un aeropuerto civil internacional a las fuerzas armadas. Todas estas acciones sugieren el peligro de un proceso de militarización del país.

Cuarto acto: reducir la autonomía e independencia del poder judicial, los órganos autónomos y organizaciones civiles. En primer lugar, el gobierno ha propuesto la reducción de los sueldos e ingresos de los jueces y funcionarios del poder judicial, abrogándose el derecho de controlar las evaluaciones y promociones de jueces y oficiales de los juzgados. En segundo lugar, el gobierno ha disminuido los presupuestos del INE, el INEE, la CRE y otros órganos reguladores sectoriales. En tercer lugar, cuando un miembro de alguna entidad autónoma expresa alguna duda o disiente de alguna decisión del ejecutivo, inmediatamente las autoridades policiales, fiscales y financieras lo empiezan a investigar y acusar de probables malas conductas y conflicto de intereses. Así le pasó al presidente de la CRE, Guillermo García Alcocer, quien fue atacado por conflicto de intereses tras cuestionar el perfil de los comisionados propuestos por Andrés Manuel López Obrador. En cuarto lugar, el gobierno está tratando de desaparecer a organizaciones no gubernamentales que dependen del apoyo gubernamental para su existencia. Tal ha sido el caso de las guarderías infantiles y los refugios para mujeres víctimas de la violencia, proyectos ampliamente justificados por estudios internacionales y de derechos humanos. El gobierno de AMLO prefiere dar esos apoyos directamente a las personas a fin de ampliar su base clientelar, en lugar de ayudar a los que menos tienen y sufren más. En resumen, AMLO busca más el poder que servir a la nación.

Quinto acto: aumentar el apoyo de los trabajadores y de la sociedad civil. En primer lugar, la búsqueda durante –la precampaña, campaña y ahora gobierno– del apoyo de los maestros redituó en numerosos votos para la elección presidencial, y en la creciente aceptación durante los primeros 100 días de su administración. AMLO prefiere sacrificar la calidad de la educación y el futuro de la nación, aceptando pérdidas millonarias con los bloqueos de los ferrocarriles en Michoacán por la CNTE, a fin de conseguir más de un millón de adeptos a su proyecto de nación. En segundo lugar, a pesar de las grandes pérdidas en producción y exportaciones, se ha promovido una relación sindical contencioso, pensando que los paros y las amenazas de huelga promueven el aumento de los sueldos. El gobierno se ha mantenido al margen de las huelgas laborales en las empresas en la frontera norte, enviando el mensaje al resto de los trabajadores del país que primero están sus necesidades y luego los intereses de las compañías privadas, todo con el propósito político de conseguir el apoyo de los sindicatos. En tercer lugar, está buscando crear su propio sindicato en oposición a la confederación de trabajadores, la CTM controlada por el PRI. En cuarto lugar, AMLO está buscando el apoyo de los trabajadores agrícolas prometiendo precios de garantía al arroz, frijol, maíz y trigo, a pesar que la historia confirma que dichas medidas –en lugar de mejorar el bienestar del campo y del país– reducen la producción y contribuyen a la inflación.

Finalmente, su administración ha propuesto otorgar apoyos monetarios a varios programas sociales, calificados por los analistas nacionales e internacionales como clientelares. De tal manera, ha propuesto otorgar estipendios mensuales a 10 millones de jubilados, 5 millones de estudiantes, 2 millones de ninis y 4 millones de discapacitados. Estos apoyos monetarios comprometen al receptor, restándole ímpetu emprendedor, y robándole la independencia de pensamiento al considerar que los obsequios obligan.

Sexto acto: debilitar al sector privado. Varios inversionistas, empresarios y trabajadores del sector privado, han expresado preocupación acerca de las políticas del gobierno, muchos de los cuales han criticado sus medidas, advirtiendo sobre las probables consecuencias negativas. De tal manera, en una maniobra política, el gobierno de AMLO está buscando, a través de la otorgación de contratos directos, licitaciones cerradas no transparentes, y la acción de empresarios amigos, dividir al sector privado y, debilitar así a los “empresarios no amigos”.

En resumen, ¿qué podemos concluir y deducir de estas maniobras y acciones del gobierno de la cuarta transformación? Querido lector, veo que la “estrategia de poder del gobierno de AMLO” es para lograr construir un robusto andamiaje que le permita concentrar y mantener el poder en el ejecutivo, en especial en su investidura, a costa del poder de los otros actores en el país.

El principal pilar para lograr el éxito en su “destino manifiesto de concentrar el poder en su persona” es el capital, dinero para comprar y asegurar apoyos. Pero, esto no le será fácil, sobre todo considerando el momento actual: (1) los inciertos precios del petróleo y el bajo nivel de producción de hidrocarburos, (2) la baja recaudación fiscal, los crecientes compromisos financieros por la cancelación del aeropuerto y la propuesta de nuevos proyectos de infraestructura y energía –aeropuerto de Santa Lucía, tren maya y refinería de Dos Bocas–proyectos de baja rentabilidad económica; (3) la disminución en las calificaciones de las agencias calificadoras; (4) la cancelación de buenas inversiones y la iniciación de manos proyectos; y (5) las malas decisiones de gasto público, tales como la compra directa de pipas para distribuir gasolinas, siendo el método más caro de distribución, aumentando los costos de operación.

Todos estos elementos han erosionado la credibilidad económica y política del gobierno de AMLO, disminuyendo la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros quienes han decidido mantenerse al margen en una actitud cautelosa de esperar y ver. Si de algo sirve la historia económica, es que la luna de miel con los gobiernos democráticos no es eterna, sino que termina cuando disminuyen los ingresos de la familia. Las perspectivas en la administración de la 4T es que la economía no va a crecer al 4% bajo el timón de AMLO, sino que a duras penas crecerá entre el 1 al 2%. Mi pronóstico es que la luna de miel y la gran popularidad de AMLO disminuirán del tercer año de su administración en adelante.

jueves, enero 31, 2019

El ayer, hoy y el mañana de la 4T

¿Cómo vemos el desarrollo del gobierno de AMLO en estos dos primeros meses de su administración? ¿Es posible pronosticar con base en las decisiones y resultados de estos 62 días como va a ser el resto de su gestión?

Obviamente sería irresponsable asegurar que, con tan solo dos meses de información, al principio de su mandato, se puede predecir con certidumbre cómo va a ser la administración de Andrés Manuel López Obrador durante los restantes cinco años y 10 meses, pero si pienso que existe una razonable probabilidad para vaticinar los principales rasgos que definirán al Gobierno de la Cuarta Transformación.

En este breve lapso de tiempo se ha podido notar una desaceleración del “ritmo histórico”. Las decisiones, resultados y reacciones del gobierno de Andrés Manuel apuntan a un verdadero paso del Rubicón: “Alea jacta est” –“El dado está lanzado” o “La suerte está echada”. En el ámbito de la política-política sus acciones apuntan un diálogo populista, demagógico y de confrontación ante las críticas y diferencias de opinión. En el entorno de la política económica, el gobierno ya ratificó su estilo estatista, intervencionista y de poco entendimiento de los mercados. En el ámbito de la política de seguridad también ya se definió su manera de pensar y actuar, basándose más en promesas, ocurrencias y una gran ingenuidad. En el campo de la política internacional ya se definió a través de acciones concretas como una administración hacia dentro, de escaso interés en las relaciones internacionales.

Revisemos algunas de las acciones, medidas de política y otros hechos de esta administración en sus dos primeros meses en el poder: diciembre del 2018 y enero del 2019.

En política Andrés Manuel ha mostrado que sabe de control político pero muy poco de cómo gobernar. Ha tratado de convencer a sus seguidores que ya no están en campaña, sino que están gobernando al país, por lo que deben de ser más tolerantes con la oposición. Sin embargo, algo es el discurso y otra es la acción, el gobierno ha dado muestras de poca paciencia con algunos gobernadores de oposición, mientras que les ha dado una gran apertura a las acciones ilegales de sus partidarios, tales como los maestros de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación).

Este gobierno ha dado muestras de ser más subjetivo que objetivo, empezando con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, destruyendo un tercio de lo que se había hecho de un aeropuerto que nos iba va a poner en la vanguardia de la industria aeronáutica mundial. Cancelación sin respaldo técnico, mediante una consulta popular patito, que significa pérdidas para México de cientos de miles de millones de pesos. Esta obra se pagaba por sí sola, salvo que la cancelaran y demolieran… Así lo hizo este gobierno.

Otro ejemplo de subjetividad es el particular modo de entender el concepto de “legalidad”. Todos recordamos la fase de AMLO de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie.” Si este gobierno fuera objetivo, perseguiría todos los actos ilegales, y las acciones que atentan contra la propiedad privada e integridad física de los mexicanos. Sin embargo, el ejecutivo ha tenido acciones contra los huachicoleros, mientras que se ha mantenido al margen de las acciones ilegales de los maestros de la CNTE al bloquear las vías ferroviarias en Michoacán y ocasionando pérdidas por más de 25,000 millones de pesos, 3 millones de toneladas de mercancía sin trasportar y más de 350 ferrocarriles varados.

El Estado tiene el monopolio constitucional del uso de la fuerza, ningún otro grupo de la sociedad se puede adjudicar dicha atribución, es por ello que se persiguen a los criminales y delincuentes. El Estado mexicano, al permitirle a los maestros usar la fuerza para bloquear las vías de transporte y afectar los derechos de terceros, tuvo una conducta impropia a un estado de derecho, y fue señal de gobierno fallido. Un estado verdaderamente democrático debe actuar con imparcialidad, sin tener grupos favoritos, debe gobernar para todos y representar a todos sus habitantes. En el extremo de la lógica subjetiva de la administración de López Obrador, se le podría cuestionar ¿qué hace peores a los ladrones de combustibles? Y ¿qué hace mejores a los maestros que bloquean el transporte de personas, bienes y mercancías produciendo pérdidas millonarias a los empresarios, quebrantos económicos a las personas y desaparición de fuentes de trabajo. Lo subjetivo de esta administración es que a algunos se les aplica la ley, mientras que a otros no, dejándolos que resuelvan sus diferencias con el argumento de “prefiero no meterme,” a pesar de que sus acciones no son más que un chantaje que afecta los derechos del resto de la sociedad.

Confieso que siempre tenido dificultades para entender la lógica de un gobierno que le permite a pseudo estudiantes, normalistas, porros, anarquistas y otros grupos el bloqueo de avenidas, secuestro e incendio de vehículos y camiones, rompimiento de puertas, vidrieras y ventanas de negocios legalmente establecidos, lanzamiento de piedras y proyectiles a las fuerzas del orden. Los que actúan de esa manera son vándalos a los que se les debe de aplicar todo el rigor de la ley, no hacerlo es simple y llanamente señal de ingobernabilidad.

Con tantas promesas de campaña y alianzas con los sindicatos, la entrada en funciones del gobierno de Andrés Manuel acabó con la paz laboral en México. Hasta el momento han estallado 47 huelgas, el doble de las que hubo en el sexenio pasado.

Nadie en pleno uso de sus facultades, podría oponerse al combate contra el robo de combustibles, pero la inacción y falta de decisión para usar la fuerza pública para evitar el robo de gasolina por los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, condujo a la tragedia de la explosión y muerte de casi 130 pobladores de la zona. Con esta singular manera de actuar –de evitar confrontaciones con el pueblo– no se pudo impedir una tragedia fácilmente evitable, falta de carácter del gobierno Federal que señala debilidad, ingobernabilidad e ineptitud.

Aquí vale la pena hacer un breve paréntesis acerca del robo de combustibles, puesto que las cifras reportadas por Pemex son tan solo el 25% de las pérdidas estimadas con base en los anuarios estadísticos de la paraestatal. Pemex estima que las pérdidas en el 2018 solo ascendieron a $60,300 millones de pesos, equivalente a 58,200 barriles diarios, pero cálculos propios sugieren que los robos son cuatro veces más que lo reportado por Pemex. En efecto, las pérdidas reales fueron de $259,645 millones de pesos, equivalentes a 253,909 barriles diarios de gasolina, lo que equivale al 1.7 por ciento del valor del Producto Interno Bruto de México en el 2018.

La diferencia entre las cifras publicadas por las autoridades y las calculadas por este comentarista solamente se pueden explicar si no se consideran algunos modos de robo de combustibles, tales como el robo (1) en las instalaciones de Pemex, (2) en sus ductos, (3) de las pipas, (4) en los puertos, y (5) en alta mar.

El robo de combustibles se ha venido dando desde hace varios sexenios atrás, en el 2000 ascendió al 1.6 por ciento del PIB subiendo a la cifra récord del 2.5 por ciento del PIB en el 2016. Llos volúmenes robados más grandes se presentaron durante los sexenios de Vicente Fox (41% del total de la oferta de gasolinas y diésel usurpado en promedio del 2001 al 2006), y de Peña Nieto (38% de la oferta de combustibles de transporte saqueado en promedio del 2013 al 2018), mientras que en el sexenio de Felipe Calderón (2007-2012) los robos bajaron al 24% de la oferta de gasolinas y diésel. Estos hurtos millonarios nunca se podrían explicar sin la colaboración y participación de las autoridades gubernamentales y funcionarios de la paraestatal.

Las gráficas a continuación permiten apreciar cómo en el periodo de 2000 al 2006 los robos de combustibles fueron casi la mitad de la oferta, reduciéndose a partir del 2006 hasta el 2012 a partir de donde crecen de manera abrupta, manteniendo altos niveles hasta el final de sexenio de Enrique Peña Nieto. La primera gráfica se refiere a volúmenes de ventas, mientras que la segunda a valores constantes de 2018, por lo que ni la inflación ni el tipo de cambio influyeron en los resultados.

Lo que está haciendo la administración de AMLO para evitar estos robos, es una acción necesaria que se debería de haber hecho desde hace mucho tiempo atrás. Obviamente que a muchos de nosotros nos gustaría ver a esos corruptos gobernantes y funcionarios que saquearon a Pemex en la cárcel, pero lo primero que hay que hacer, y que se está haciendo, es evitar todos los diferentes modos de robo de combustibles a Pemex.

El desabasto en el suministro de gasolinas se produjo –de acuerdo con las autoridades– por estas acciones de combate al huachicoleo, pero en realidad no solamente fueron resultado de éste combate, sino a que también hubo una fuerte disminución en las importaciones de gasolinas. Esa baja fue resultado de una mala planeación: las cifras no mienten.

Los desafíos financieros de Pemex y la falta de confianza de los analistas internacionales sobre el equipo dirigente para administrar a la petrolera llevaron a la Calificadora Fitch Ratings a reducir la calificación de los bonos a largo plazo en dólares y pesos de Pemex, lo cual encarece el acceso al crédito. Esto es resultado, por un lado, del continuo deterioro del perfil crediticio de Pemex y, por el otro, del escepticismo de los mercados acerca de la capacidad del equipo de funcionarios nombrados para manejar a la paraestatal.

Ante la reducción de la calificación de la agencia crediticia, AMLO reaccionó a lo tonto, como Nicolás Maduro, atacando, criticando y acusando a Fitch Ratings de hipócrita, pues según el mandatario, “la agencia permitió el saqueo de Pemex, avalando la reforma estructural en materia energética sin que haya llegado la inversión extranjera, ni aumentado la producción petrolera.” La molestia de Andrés Manuel fue mayúscula, agregando que, “los inversionistas con ética saben que Pemex es una empresa sólida porque ya está manejada con honestidad…” Esto último sonó inocente e ingenuo.

Caray, nadie duda de que las calificadoras no son éticas ni morales, pero hay que reconocer que mueven los mercados e impactan en la inversión que tanto requiere el país. El mensaje que la agencia Fitch mandó a México lo tiene que escuchar fríamente el gobierno, escuchar con la cabeza, no con las vísceras. En sencillas palabras, el mensaje es que el equipo novato propuesto para Pemex no es viable ni sostenible. La recomendación obvia a AMLO es que cambie el equipo directivo a uno más preparado y fogueado en el sector. Por lo pronto, ese error le va a costar al país entre 20 a 30 mil millones de pesos.

Otra recomendación a nuestro presidente es que las cifras –resultados de los cálculos financieros y de robos– sean lo más apegadas a la realidad, eso mandaría una buena señal a los mercados de que su equipo de funcionarios sabe sumar, restar, multiplicar y dividir. Estimaciones diferentes de los analistas de las calificadoras e inversionistas con respecto a las reportadas por Pemex, conducen a la desconfianza y al cuestionamiento de la capacidad profesional de los encargados del sector y de sus empresas.

En el ámbito de política internacional, AMLO ha dado muestras de falta de interés y de poco entendimiento del contexto internacional. Por un lado, colocó a México a la diestra del dictador de Venezuela, Nicolás maduro, formando fila con Nicaragua, Cuba, Siria, Rusia, Irán y China. Por el otro, ante la deterioración de las perspectivas de crecimiento, justo cuando el Fondo Monetario Internacional pronosticaba que la economía de México crecería más lento debido a la caída de la inversión privada, Andrés Manuel López Obrador decide no asistir a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, ni enviar a ningún miembro de jerarquía de su gabinete. En cambio, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, capturó la atención mundial cuando habló ante el foro, celebrando reuniones con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y otros gobernantes e inversionistas mundiales. La cumbre anual de Davos es de las pocas ocasiones en que los presidentes latinoamericanos pueden atraer la atención de los inversionistas, especialmente cuando inician su mandato y no son conocidos en el exterior. Qué pena, México tuvo la presencia de más bajo perfil en la historia reciente de las reuniones en Davos, precisamente ahora cuando lo que más necesita es disipar las dudas y preocupaciones de los inversionistas.

Muchos inversionistas continúan inquietos por las señales que AMLO esta enviado, tales como la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de Ciudad de México, para el que ya se habían firmado contratos y emitido bonos, y el cambio de las leyes del sector energético que buscaban atraer inversiones y aumentar la productividad.

Los inversionistas son una variable esencial en la función objetivo del gobierno de AMLO. Cueste lo que cueste, por muy denigrante que sea, es preferible cortejar a los inversionistas que confrontarlos. No puede haber un aumento sostenible en la riqueza, ni una reducción duradera en la pobreza, sin crecimiento económico, y no puede haber crecimiento económico sustentable sin inversión.

El gobierno cerró Pro México, el instrumento para atraer la inversión externa que a juicio de la mayoría de los analistas había dado buenos resultados. $193,000 millones de dólares en inversión extranjera llegaron a México durante el sexenio de peña Nieto, gracias en parte a la labor de Pro México. En efecto, el dinero no llega solo, hay que pelearlo y atraerlo. También el gobierno clausuró el Fondo Nacional de Promoción Turística cuya labor contribuyó a que México se convirtiera en la sexta potencia turística mundial.

A pesar de las buenas intenciones, la honestidad de AMLO, y el predicar con el ejemplo, la corrupción parece no disminuir, sino que – de acuerdo con la percepción popular– sigue en ascenso, lo que sugiere que esas buenas intenciones sufren de ingenuidad. En efecto, según Transparencia Mexicana, México cayó tres lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción 2018 (IPC2018), ubicándose en la posición 138 de 180 países a nivel global. A pesar de las buenas intenciones de Andrés Manuel, la corrupción en México sigue su tendencia ascendente, producto de serios problemas de gobernabilidad y bajos niveles de ingreso y de desarrollo humano. El nivel de México lo coloca en el último lugar entre los miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos), por debajo de Grecia y Hungría, países que en años recientes enfrentaron severos problemas de gobernabilidad y viabilidad económica.

La política de seguridad este gobierno consiste en militarizar al país mediante la creación de una Guardia Nacional, y a buscar la Pax Narca. En una de sus conferencias de prensa matutinas, nuestro mandatario explicó la génesis de su política de seguridad diciendo que “…la guerra contra los líderes del crimen organizado ha terminado oficialmente”, exponiendo que “el objetivo no es la captura de los cabecillas de los carteles de la droga o del huachicoleo, sino garantizar la seguridad pública… Eso es lo fundamental, no lo espectacular… ya no hay guerra, nosotros queremos la paz… La función principal del gobierno es garantizar la seguridad y bajar el número de robos, homicidios y secuestros… No se han detenido a capos, porque esa no es nuestra función principal, sino la de garantizar la seguridad pública.”

Las preguntas obligadas son ¿para que quienes la Guardia Nacional entonces? Y ¿cómo se puede garantizar la seguridad si se permite a los criminales seguir delinquiendo? La seguridad pública solamente se puede garantizar cuando los que atentan contra ella son inhabilitados para hacerlo. Evitar el crimen, sin detener al criminal, sólo conduce a más crímenes. Pensar que la solución a la inseguridad es atacar a los actos delictivos sin aprender y enjuiciar a los culpables es simplemente demagogia, o una increíble ingenuidad.

¿Cómo veo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Francamente me gustaría hablar bien de él y evaluar su gestión positivamente, porque entre mejor le vaya, mejor le ira a México, pero me es imposible hacerlo. Andrés Manuel es una persona de piel delgada con un frágil ego, pero terco y obstinado. AMLO es el único que puede decidir, ignora a sus colaboradores, porque inconscientemente se considera tocado por Dios. Sus promesas de grandes crecimientos, de por lo menos el 4% anual, dificultosamente los va a poder cumplir, el crecimiento en el 2019 difícilmente será superior al 1%, lo que significa una disminución en términos reales de los ingresos de todas las familias mexicanas.

Empero, lo importante para él parece ser su popularidad más que el buen manejo del país. Las conferencias diarias de prensa de AMLO y su lucha contra el huachicoleo han aumentado su popularidad, que era del 77 por ciento cuando empezó su mandato y el 6 de febrero de 2019 contó con el 86 por ciento de aprobación (según una encuesta del periódico El Financiero). Muchos mexicanos lo ven como su líder, honesto, transparente y accesible. No obstante, las acciones políticas, económicas, de seguridad e internacionales colocan a este arranque de gobierno como el más caro de los últimos 70 años.

En estos dos meses y días se ha notado una desaceleración del “ritmo histórico”. Pasamos de 20 años de gobiernos débiles, pero democráticos, a los gobiernos del siglo XX de presidentes fuertes, al culto de la personalidad del caudillo. Las acciones y faltas de acciones del gobierno de López Obrador apuntan a un verdadero cruce del Rubicón: “Alea jacta est”. Si algunas palabras pudieran definir estos primeros meses de gestión del gobierno de AMLO serían probablemente la ineptitud y la magia de las palabras: la gente prefiere creer en una irrealidad prometedora, que en la triste realidad.


sábado, abril 12, 2014

Democracia o Ineptocracia

Como es de esperar, la corrupción y los abusos de poder disminuyen a la democracia, no sólo como concepto, sino como práctica de gobierno en donde la gente espera hacer sentir sus preferencias acerca del país que quieren. Nunca está de más hablar de democracia, aunque a veces los lectores se aburran de tanto escuchar el tema. Como decía Max Planck, "La verdad no triunfa jamás, pero sus adversarios terminan por morir."

El concepto moderno de democracia representativa está asociado a los anglosajones. Probablemente en Gran Bretaña el concepto esté algo diluido por ser una monarquía, sin embargo en Estados Unidos ha sido un concepto más arraigado a su sistema de gobierno desde su creación como país republicano. Uno de los beneficios de la Pax Americana ha sido la promoción de dicho sistema al resto del mundo. En 1941 habían tan sólo 11 países democráticos, figura que subió a 120 en el 2000 (63% del total mundial). Sin embargo, el panorama para la democracia ha empeorado en lo que va de este siglo.

Los que menos desean la democracia son aquellos que llegan al poder. La defienden cuando son aspirantes al poder, pero la limitan una vez que llegan a detentarlo. Para que la democracia sea sustentable se tiene que delegar hacia abajo (a la gente) y hacia arriba (a expertos, tecnócratas y autoridades públicas e internacionales) en algunas áreas sustantivas y de manera transparente.

La democracia tiene que ir más allá de elecciones limpias. La democracia implica controles y contrapesos para evitar que los ganadores hagan lo que quieran e impongan su voluntad de manera autocrática. Los actos de corrupción y de abusos de poder se tienen que investigar y castigar por entes imparciales e independientes de la estructura de poder. Ni Pemex, ni el gobierno del Distrito Federal, ni la Secretaría de educación, se deberían de auto investigar. No pueden ser juez y parte.

Si no se resuelven de manera rápida, imparcial y transparente los últimos casos de corrupción, México corre el riesgo de pasar de una democracia a una ineptocracia, o sea un sistema de gobierno mediante el cual los líderes menos capaces son electos por aquellos menos capaces para decidir, donde los menos productivos son premiados con los bienes y servicios de un grupo cada vez más reducido de los más productivos.

martes, abril 08, 2014

Diezmo, Corrupción, Pemex y Oceanografía

Durante las últimas semanas han salido varias noticias impactantes sobre corrupción y abusos de autoridad en México. En éste artículo hablo sobre Oceanografía y la corrupción en Pemex. En artículos posteriores trataré otros casos de corrupción insultante que aparecieron en los medios, a saber: Línea 12 del Metro y los “maestros aviadores”. Menciono sólo estos casos, pero ustedes amables lectores, seguramente han vivido en carne propia cientos, si no miles de casos de corrupción e impunidad.

Eran los años 90, acababa de caer la cortina de hierro cuando me tocó ir como representante de un organismo internacional a la República de Georgia, antes parte de la Unión Soviética. Ahí conocí a un simpático sinvergüenza que la gente apodaba “El Diez-Centavos”. Al preguntar por qué lo llamaban así, me respondieron mis contrapartes que era porque se llevaba diez centavos de dólar por cada barril de petróleo importado. Me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo puede un país avanzar con semejantes niveles de corrupción e impunidad?, y decía para mis adentros que en México había corrupción, pero no hasta tales magnitudes, concluyendo que esa era una de las principales razones por las cuales los ex países de la Unión Soviética iban a tardar tanto tiempo en avanzar.

Racionalmente uno hubiera esperado que con el cambio del PRI al PAN la honradez y transparencia iban a aumentar por el temor a que la oposición, cuando llegara al poder, denunciaría los actos de corrupción y abuso de poder del gobierno anterior. Pero curiosamente esto no ha sido el caso, pasamos de ser un país dominado por un partido a un partidocracia donde los partidos políticos hacen, deshacen y se reparten el país a su antojo. Los unos protegen a los otros en un acuerdo secreto firmado por el temor a que les descubran sus fechorías anteriores y actuales. Todos parece que tienen cola que les pisen.

Han pasado dos décadas de mi visita a Georgia y ahora veo que México no solamente ha alcanzado dichos niveles de corrupción, sino que probablemente los ha rebasado considerando lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Recuerden el caso de Raúl Salinas llamado el señor diez por ciento por la comisión que cobraba a sus clientes para conseguirles millonarios contratos públicos. Ahora, consideren los casos más recientes de corrupción que pasaron durante lo que se ha venido a llamar la Docena Trágica, los sexenios del Vicente Fox y Felipe Calderón. La historia de Oceanografía con Pemex se remonta al 2003 y está asociada a los hijos de Marta Sahagún. Ahora ya no se habla del 10 por ciento, sino del 30 hasta el 35 por ciento... dejando muy atrás el antiguo diezmo religioso.

Las comisiones especiales del legislativo para investigar los actos de la corrupción han servido tan solo para la guerra verbal entre partidos y muy poco para encontrar y castigar a los culpables. Las autoridades dan la impresión que no quieren encontrar la verdad, que quieren tapar el sol con un dedo y que fingen investigar solo para que al pasar el tiempo, no encuentren nada, la gente se olvide y las cosas sigan igual o peor que antes.

Para muestra un botón: ¿cómo pueden los responsables de investigar la corrupción ser a la vez juez y parte? Pemex no nos va a decir nada arguyendo que es información reservada y confidencial. La Procuraduría General de la República va a decir que es una investigación complicada y demorada. Excusas para no hacer nada y proteger a los culpables.

Un buen mecanismo de investigación requiere cumplir con ciertos requisitos básicos: (1) independencia y autonomía, (2) imparcialidad y transparencia, (3) poder y autoridad, y (4) seguridad y remuneración. En efecto, los miembros de un buen equipo de investigación deben ser nombrados para tal fin y ser independientes de las autoridades políticas y de los principales actores involucrados en el acto de corrupción. Las fuentes de los recursos para su funcionamiento deben estar aseguradas y no depender de los organismos involucrados. La estructura del equipo ser integral, debe poder investigar e impartir justicia, debe funcionar de manera policial y judicial. Sus conclusiones y pruebas deben darse a conocer de manera transparente. Su personal debe estar protegido y pagársele adecuadamente. Su figura institucional debe incorporar expertos, agentes federales y jueces, los cuales, durante el periodo de la investigación, estarían fuera –tendrían autonomía– de la estructura normal de mando para evitar influencias perversas.

Eso sería lo ideal. Esas serían las características de un mecanismo eficiente para encontrar las causas reales y a los verdaderos culpables independientemente de su posición política, puesto, de quienes son amigos o de sus influencias. El mecanismo debería desembocar en averiguaciones previas y sentencias inculpatorias, de manera rápida, oportuna y contundente.

En el caso de Oceanografía, nos enteramos del fraude a finales de febrero y hasta ahora no sabemos quiénes han sido los responsables.

El Director de Pemex, el Procurador General de la República, y el Secretario de Hacienda declaran que se trata de un caso aislado, de un pleito entre particulares. La evidencia indica que el caso de Oceanografía no es aislado.

Parece que vivimos en Méxicos distintos. A la mejor se les olvidó el Pemexgate y otros hechos de fraude y corrupción en la paraestatal. Un amigo que participó en la construcción del complejo petroquímico La Cangrejera y de Tabasco I, me informaba como funcionarios y líderes sindicales alteraban e inventaban estimaciones, pedían materiales, equipos y mano de obra. Ahora acaba de salir en Estados Unidos la noticia de que una filial de Hewlett-Packard pagó más de 1 millón de dólares en comisiones para obtener un negocio de software con Pemex.

El director de Pemex declaró que de conformidad con la legislación vigente la información debe ser manejada con el sigilo y la secrecía que la ley prevé. Pero, si Pemex es de los mexicanos, entonces por derecho éstos deberían ser informados sobre lo que pasó y por qué paso.

El procurador general de la República reconoció retrasos en la fijación de responsabilidades en el caso de Oceanografía y explicó que ello obedece a cuestiones complejas de contabilidad y análisis financiero de recursos. Además agregó que la autoridad está obligada a ir despacio pero con precisión y contundencia a fin de garantizar la detención de los responsables para que no haya impunidad. El procurador concluyó diciendo que “vamos lentos pero seguros.”

Es un hecho conocido por todos que entre más tiempo se demora una investigación menor es la probabilidad de saber lo que pasó y de encontrar y castigar a los verdaderos culpables. Las pruebas vuelan, los testigos cambian de opinión o desaparecen, los responsables huyen, los culpables construyen muros de protección a su alrededor. Qué importa que los números no sean exactos y que sean aproximados, siempre y cuando estén en la dirección correcta. La premisa de una buena investigación es ir rápido y en la dirección correcta. La obligación no es ir lento y con precisión, la obligación es encontrar a los culpables lo más rápido posible. Si se quiere verdaderamente encontrar a los culpables, se requiere voluntad política y actuar con prontitud.

Hay evidencias reales y de sentido común: que los sospechosos expliquen de dónde salieron sus autos Ferrari, yates, departamentos en Nueva York, fortunas, etcétera. ¿Por qué no se investiga y separa inmediatamente de su cargo a los funcionarios responsables de autorizar contratos mediante asignaciones directas?

En Georgia era un secreto a voces que un hombre cobraba el diezmo en el sector energético. Aquí en México es otro secreto a voces que la mayoría de los funcionarios y líderes sindicales participan por igual en el despojo a Pemex. Si Oceanografía no hubiera existido, la hubieran inventado esos malos mexicanos. Pemex no es de todos los mexicanos, sino de aquellos mexicanos que cobran tres veces el diezmo en Pemex.

lunes, abril 02, 2012

Pemex en Aguas Profundas: ¿Sí o no?

Este popular y polémico video (casi 11 mil vistas) originalmente lo grabé en marzo de 2008, pero adolecía de algunos problemas técnicos por lo que lo rehíce y volví a subir manteniendo el mismo mensaje, la misma secuencia y las mismas cifras del original. Lamentablemente todos los comentarios se perdieron.

El video examina la cuestión de si Pemex debería o no hacer exploración perforatoria en las aguas profundas del Golfo de México. Habiendo trabajado en el sector energético por varios años, para mí la pregunta sale sobrando: en el negocio de los hidrocarburos entre mayor conocimiento de reservas, mejor las perspectivas económicas. Los recursos en el Golfo de México no solo le pertenecen a México, sino los compartimos con nuestros vecinos: Estados Unidos y Cuba. Ambos países están fuertemente involucrados en explorar y desarrollar sus reservas marínas, mientras que México sigue debatiendo el punto. El problema es que entre más se demora la decisión de explorar, el riesgo de perder hidrocarburos por el efecto popote aumenta.

Dado que la tecnología de exploración en aguas profundas evoluciona rápidamente, siendo una tecnología de punta y altamente intensiva en capital y conocimientos, Pemex requiere asociarse con la IP. Es cierto que Pemex está haciendo exploración perforatoria, pero al ritmo que va, México estaría accediendo a la riqueza en el subsuelo marino en más de medio siglo. Las alianzas estratégicas son necesarias para progresar y así lo muestra las experiencias de las empresas paraestatales de Noruega y Brasil: Staoil y Petrobras, respectivamente.