Ya es un hecho, el 20 de enero de 2017 el empresario de bienes raíces acérrimo enemigo de México Donald Trump ocupará la silla presidencial de la nación más poderosa del mundo. La noción de que su postura hacia México se va suavizar una vez que llegue a ser Presidente es infantil puesto que si Trump ha dado muestras de algo, es su consistencia en cuanto a su animadversión a México. En efecto, consistentemente ha hablado de la deportación de los mexicanos indocumentados, la renegociación del Tratado de Libre Comercio y la construcción del muro. Esta antipatía contra México proviene de una ridícula creencia del magnate que México se aprovecha de los Estados Unidos, pareciéndosele olvidar de que Estados Unidos se quedó con más del 50% del territorio nacional y que históricamente Estados Unidos se ha beneficiado más de la relación bilateral. La única constante entre Estados Unidos y México ha sido la asimetría de poder.
Llega Trump en uno de los peores momentos para México, con una presidencia desacreditada y un presidente al que le importan más sus amigos que el sentir de la gente. Las críticas que se presentaron después de la inoportuna y desatinada visita del candidato republicano a México –que desembocaron en la salida del gabinete de Luis Videgaray– fueron hechas a un lado y se vuelve a nombrar al desprestigiado Videgaray Secretario de Relaciones Exteriores, responsable precisamente del área donde cometió su error garrafal. Algunos ingenuos piensan que este nombramiento es una hábil y maquiavélica maniobra debido a la cercanía de Videgaray con el yerno de Trump, pero de nada le va a servir tal amistad, en todo caso, lo hará más dócil ante los intereses estadounidenses.
Lo único que le podría servir a México para enfrentar las medidas vejatorias de Trump sería que todo el país presentara un frente común, respondiendo cada medida contra México con otra medida equivalente contra Estados Unidos. Basta citar que cuando Estados Unidos impidió la entrada de chóferes mexicanos a Estados Unidos en el 2009 para proteger los empleos de los chóferes americanos, México impuso gravámenes a 100 importaciones americanas, entre ellas las fresas, árboles de navidad y otros productos. Eso causó revuelo en los círculos políticos de nuestro país vecino. Pero, México ahora está muy lejos de poderse unir ante funcionarios y gobernantes tan descarados, desprestigiados y carentes de todo liderazgo.
El reciente aumento de los precios de las gasolinas causó una explosión social llevando a amplios segmentos de la población a un comportamiento animal de rapiña, saqueos y robos injustificados, incluyendo seis muertos y varios heridos. Familias enteras salieron a las calles a robar como bestias tiendas de autoservicio, centros comerciales y cualquier negocio de donde pudieran llevarse algo. Desafortunadamente con ese tipo de acciones no les estaban haciendo daño a los políticos corruptos sino se estaban haciendo daño a ellos mismos, a la misma sociedad de la que forman parte.
La eliminación del subsidio a las gasolinas cayó como un balde de agua fría sobre un pueblo molesto y enojado por la inseguridad, la descontrolada corrupción y los constantes abusos de sus gobernantes. El subsecuente Acuerdo para el Fortalecimiento Económico es tan sólo una lista de promesas y expectativas anunciadas con el fin de dar la impresión que el gobierno está protegiendo la economía familiar, pero es simple retórica.
Si la gente viera a gobernantes y funcionarios honrados trabajando en pos de los intereses ciudadanos, y si la gente viera el buen uso de sus impuestos probablemente su reacción hubiera sido menos negativa. Pero lo que ven son robos y despilfarros de los funcionarios y gobernantes, legisladores que se autorizan ellos mismos un bono de fin de año, amplias zonas del país sin seguridad, una carísima línea del Metro que no sirvió, calles llenas de baches, escuelas para sus hijos sin mobiliario, etc.
Hasta ahora el efecto Donald Trump ha sido tenue, tales como la devaluación de nuestra moneda, el aumento de las tasas de interés para fortalecer el peso, el alto a la inversión de algunas compañías americanas en México. Pero, cuando llegue Trump al poder los impactos sobre la economía, la sociedad y la política mexicana van a ser más fuertes y variados. Para empezar, la expectativa de crecimiento para el 2017 se ha tenido que revisar a la baja pasando de 2.3 por ciento al 1.2 por ciento. En cuanto a la inflación, difícilmente se logrará la meta del Banco de México de una inflación del 3%, una estimación más realista es entre el 5 y el 6% para el 2017.
Si Trump continúa con su campaña antimexicana, nuestro país entrara en una fuerte depresión económica, política y social. Seguramente las consecuencias negativas no solamente las va sufrir México, sino también en buena medida las va experimentar los Estados Unidos, siguiendo la máxima de que cuando una puerta se cierra una ventana se abre, y ahora podríamos decir, que cuando se levanta un muro se escarba un túnel.
Dime cuándo tú vendrás… Pero la más grande amenaza va a ser la reacción de los votantes mexicanos que elegirán en 2018 a Andrés Manuel López Obrador como el próximo presidente de México, lo cual empujaría más atrás y sumiría más hondo al país, implementando políticas y medidas nacionalistas y populistas ampliamente probadas por la historia como desastrosas y la manera más segura para reducir el bienestar nacional.
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viernes, enero 13, 2017
viernes, diciembre 05, 2014
Balance del segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto
En el 2012, después del triunfo de Enrique Peña Nieto, escribí sobre lo que podíamos esperar del regreso del PRI al poder. Una de mis conclusiones era que el PRI iba a tratar de evitar los errores del pasado y asegurar su permanencia en el poder mediante una mejor gestión. Un año después, a finales del 2013, hice un balance del primer año de gobierno de EPN, destacando que había empezado su administración con un toque de genialidad al lograr con los partidos de oposición el Pacto por México, lo que permitió alcanzar los acuerdos para llevar a cabo las reformas necesarias que se venían discutiendo desde hacía 25 años.
Este logro generó grandes expectativas, siendo frecuente escuchar en los medios y en las pláticas casuales que: “el PRI si sabía gobernar”, “el PRI podría ser corrupto, pero era eficaz”, etc. En esa evaluación del primer año de la administración de EPN también destaqué las fallas que había observado en seguridad, corrupción e impunidad, y en el manejo de la economía.
Vicente Fox en su segundo año de gobierno intentó hacer un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, proyecto que no pudo llevar a cabo, acabando básicamente con esto su administración. El resto de su sexenio se la pasó navegando bajo los logros de mantener a la economía estable. Felipe Calderón enfrentó en su segundo año la crisis financiera internacional y una escalación en la espiral de violencia, pero poco pudo hacer para reducir la criminalidad. El resto de su administración se la pasó defendiéndose de las críticas hacia su estrategia de combate a la delincuencia.
Con los resultados y el desempeño del gobierno de EPN durante el 2014 —el segundo año de su gestión— ¿qué es lo que podemos esperar de esta administración en los cuatro años que le restan?
Las encuestas del Grupo Reforma le dan al gobierno de EPN bajísimas calificaciones:
El Gobierno de EPN inició el 2014 con la economía siendo el tema más preocupante. Los resultados del 2003 habían sido deplorables, el PIB había crecido tan solo al 1.1 por ciento, en parte por el bajo crecimiento de la economía internacional, pero en mayor medida por los retrasos en la aplicación del presupuesto, en especial por la disminución en el ritmo de inversión pública. Las autoridades hacendarias pronosticaron un crecimiento económico para el 2014 de 3.9 por ciento, estimación que luego revisaron a la baja al 2.7 por ciento y más tarde la volvieron a reducir al 2.1 por ciento. Sin embargo, estimo que el crecimiento económico en el 2014 será inferior al 2 por ciento.
Cuatro hechos alimentaron la falta de confianza sobre la capacidad de la administración de EPN para manejar la economía: (a) el ahorcamiento fiscal a los contribuyentes cautivos, (b) el aumento en la deuda pública para financiar el boquete fiscal dejado por la caída en los precios del petróleo, (c) la continua depreciación del peso, y (d) la falta de transparencia en las asignaciones multimillonarias de contratos y concesiones a los mismos grupos que se vieron favorecidos por su gobierno en el Estado de México tales como OHL, Hermes, Grupo Higa, Alcántara y otros.
Sin embargo, desde hace tres meses el gobierno perdió la brújula económica, política y social del País.
El detonante fue la explosión de violencia extrema resultado de la gran omisión en la estrategia de seguridad del gobierno que prefirió enfatizar la forma y el discurso triunfalista sobre las acciones reales para combatir la inseguridad. El énfasis en la prevención, más que en el combate al delito, de esa política de seguridad de la administración de EPN le abrió la puerta al crimen organizado para penetrar más rápidamente los diferentes niveles de gobierno y las fuerzas políticas del País.
Este manejo político de la seguridad le explotó en la cara al gobierno federal en el 2014. Los hechos se encargaron de destacar lo erróneo e infantil de una estrategia de seguridad basada en criterios políticos. Ningún gobierno puede dormir con lobos y esperar que no lo muerdan.
La desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero a finales de septiembre del 2014 generó un gran malestar social y una reprobación generalizada hacia el Estado. Desde 1968 que no se veía en México una unión espontánea de la sociedad civil como la surgida ante la brutalidad de haber secuestrado, asesinado, quemado los cuerpos, triturado los huesos y arrojado los restos a un río de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hecho que además desencadenó la aparición de innumerables fosas con restos humanos de personas desaparecidas anteriormente en la zona.
El gobierno de EPN leyó mal este suceso de barbarie inverosímil, no entendió su importancia. Primero, trató de evadir su responsabilidad declarando que el problema le correspondía a las autoridades estatales; luego, cuando ya no podía evadir más su responsabilidad, tardó diez días para intervenir y al poco tiempo, lo que resulta asombroso, el Presidente se ausentó del País para viajar a China.
La actitud frívola de esta administración es una de las manifestaciones del síndrome de la avestruz, que van desde la negación de los problemas, hasta la falta de decisiones oportunas y cruciales. Los principales errores que conforman éste síndrome son la negación de la realidad y creer que, ante una crisis, “los logros pasados aseguran un futuro sin consecuencias.”
Como era previsible, las protestas no se hicieron esperar. Los protestantes se manifestaron de manera cívica, pacífica y con gran impacto. Los hechos de violencia por grupos de anarquistas y maestros disidentes fueron aislados sin representar la mayoría bajo protesta. Sin embargo, la debilidad, cobardía e irresponsabilidad de las autoridades para proteger a los terceros afectados por el vandalismo, la violencia, los bloqueos de carreteras y aeropuertos, los destrozos a comercios y edificios públicos, los daños a piezas emblemáticas y monumentos históricos, la quema de vehículos oficiales y particulares, generaron aún más descontento contra el Estado.
El malestar de la sociedad civil no solamente se ha dirigido al Gobierno Federal, sino al Poder Judicial que ha permitido que los delincuentes y victimarios no fueran castigados, a los jueces que han evadido su responsabilidad de impartir justicia, a los juzgadores que han optado por el camino fácil de demandar pruebas de primer mundo a policías del tercer mundo a pesar de que en la mayoría de los casos la culpabilidad era obvia y manifiesta. Ante jueces corruptos, ineptos o timoratos ninguna prueba es suficiente cuando los culpables pueden hacer ruido. Los únicos culpables son aquellos que no se pueden defender.
La imagen de México en el exterior pocas veces se ha visto tan lastimada como en los últimos meses. Desgraciadamente, este acto de barbarie no ha sido el único, hay que recordar la masacre de los 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos en Allende, Coahuila en marzo 2011. Lo diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea y generalizada de la sociedad civil y las protestas que inmediatamente se produjeron. Hay un sentir generalizado de los ciudadanos de “ya basta”, “ya no más”, “ya estamos hartos”, aparte de que en esta ocasión se trata de nuestros jóvenes estudiantes.
Tratando de ponerse al frente de esta espiral de descontento, EPN anunció un decálogo de medidas con las que pretendió tapar el sol con un dedo. El decálogo parece ser que se hizo al vapor a fin de dar la imagen de que el gobierno vuelve a retomar el control de la situación. El problema es que esto es muy poco y demasiado tarde.
Sin pretender tirar al niño con el agua sucia del baño, algunas de las medidas son positivas, tales como el establecimiento de tres zonas económicas para reducir la pobreza en Chiapas Guerrero y Oaxaca, la desaparición de las policías municipales y el mecanismo de intervención en los municipios penetrados por el crimen organizado. Otras medidas suenan como más de lo mismo y de relleno, tales como el establecimiento del sistema nacional anticorrupción, la agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana, crear la clave única de identidad, habilitar el 911 como el número telefónico de emergencia y denuncia, etc.
El decálogo de propuestas pretende dejar nuevamente la solución de los problemas en manos de aquellos que tienen parte de la culpa y otra parte que ocultar. El decálogo pretende reinventar la moral de los intereses para dejar de lado la obligación de los deberes.
¿Quién le va a creer a un gobierno que (a) liberó al hermano incómodo de un ex presidente con una misteriosa mega-fortuna la cual le fue devuelta con intereses; (b) liberó a una secuestradora reconocida por sus víctimas para mejorar las relaciones con un país europeo; (c) liberó a un reconocido narcotraficante, al cual se le giraron órdenes de aprensión al día siguiente; (d) no atiende la orden de aprehensión internacional contra un ex gobernador del Estado de México por la retención ilegal de los hijos que procreó con su ex esposa; (e) no explica claramente la millonaria “casa blanca” de la pareja presidencial en turno, etc.? Mientras no se aclaren tantos actos de corrupción e impunidad, como pueden pensar que la gente les va a creer sus propuestas.
La corrupción no consiste sólo en dar un par de monedas para agilizar un trámite burocrático, no, la corrupción es algo más que eso, es el soborno para obtener un contrato o concesión millonaria, es movilizar a las autoridades para utilizar el aparato del Estado para proteger a los propios y eliminar a los contrarios.
Un buen gobierno es aquel que tiene un buen desempeño. Los buenos gobiernos producen buenos resultados. Si algo nos dice la historia es que lo importante son las acciones y no las propuestas. En México ya tenemos muchas propuestas, propuestas que se han quedado en el papel, que nunca se han llevado a cabo. No obstante, seguimos con más de lo mismo. Nos quedamos en las formas sin poder llegar a las acciones. Lo que importa es que se cumplan y se apliquen las propuestas del pasado, y que se hagan respetar las instituciones y leyes del presente.
Para empezar, tiene que cambiar a su gabinete. No puede esperar manejar al País con el mismo equipo cómodo de amigos con los que manejó el gobierno del Estado de México. EPN tiene que entender que ya no está tratando de ganar un concurso de popularidad, sino tratando de gobernar a un país. Su compromiso no es con sus amigos ni con aquellos que lo apoyaron política y financieramente para llevarlo al poder, sino con el pueblo de México.
A partir del 2015, EPN tiene que tratar de convertirse en un mejor líder, rodeándose de colaboradores capaces y asertivos que lo ayuden a encontrar las mejores y más efectivas soluciones a los problemas del País.
En segundo lugar, tiene que empezar a manejar de manera responsable las variables económicas. Por ejemplo, (a) no debe incurrir en más deuda pública para financiar el gasto corriente; (b) no debe aumentar el gasto mientras no aumenten los ingresos fiscales; (c) debe asignar el gasto y la inversión pública de una manera abierta y transparente; (d) los proyectos de inversión tienen que aprobarse mediante una previa evaluación de costo-beneficio; (e) los contratos y concesiones debe asignarse a través de licitaciones abiertas y competitivas, y (f) debe evitar totalmente el favoritismo en la asignación de contratos y concesiones. En otras palabras, EPN debe establecer la eficiencia en sus políticas económicas como principio fundamental y —de una vez por todas— terminar con la corrupción en el uso y manejo de los recursos públicos.
En tercer lugar, tiene que impulsar la aplicación de la ley, sobre todo a los grupos económicos poderosos. Esto incluye a los bancos y grupos financieros que se manejan con total impunidad, aumentando el costo del dinero y reduciendo el acceso al financiamiento competitivo, y a las empresas dominantes que impiden la competencia y la entrada de nuevos participantes, incrementando los precios y explotando impunemente a los consumidores.
Hace dos años el gobierno de EPN entendió el sentir de la población y su frustración por la inactividad para promover las reformas que se venían discutiendo desde hacía 25 años. Ahora parece no entender el sentimiento popular y demanda social por una mayor justicia, mayor seguridad, menor corrupción e impunidad. Existe una gran frustración por estas injusticias que aumentaron rápidamente en el siglo XXI y que siguen reduciendo el bienestar y lacerando la dignidad de los mexicanos.
La historia omite, pero no perdona: la falta de acciones contundentes, la incapacidad para reaccionar oportuna y eficazmente ante los desafíos y la ausencia de una agenda por el bien de México están haciendo que EPN corra el peligro de pasar a la historia, no como el presidente de la alternancia, ni el presidente contra la delincuencia, sino como el presidente más inepto de los gobiernos posrevolucionarios.
Este logro generó grandes expectativas, siendo frecuente escuchar en los medios y en las pláticas casuales que: “el PRI si sabía gobernar”, “el PRI podría ser corrupto, pero era eficaz”, etc. En esa evaluación del primer año de la administración de EPN también destaqué las fallas que había observado en seguridad, corrupción e impunidad, y en el manejo de la economía.
Vicente Fox en su segundo año de gobierno intentó hacer un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México, proyecto que no pudo llevar a cabo, acabando básicamente con esto su administración. El resto de su sexenio se la pasó navegando bajo los logros de mantener a la economía estable. Felipe Calderón enfrentó en su segundo año la crisis financiera internacional y una escalación en la espiral de violencia, pero poco pudo hacer para reducir la criminalidad. El resto de su administración se la pasó defendiéndose de las críticas hacia su estrategia de combate a la delincuencia.
Con los resultados y el desempeño del gobierno de EPN durante el 2014 —el segundo año de su gestión— ¿qué es lo que podemos esperar de esta administración en los cuatro años que le restan?
¿Cómo nos fue en el 2014?
A dos años de iniciado su gobierno, parece que mis expectativas iniciales fueron muy optimistas y las fallas que noté durante su primer año de gestión se profundizaron en el 2014, generando incertidumbre y un gran malestar en la población. El sentir general de los mexicanos es ahora de que “lo corrupto no se le ha quitado el PRI, pero eso de que era capaz para gobernar ya se probó que no es el caso”. Muchos analistas consideran que EPN no tiene la experiencia ni la sensibilidad necesaria para mover a México en la dirección correcta.Las encuestas del Grupo Reforma le dan al gobierno de EPN bajísimas calificaciones:
- El 65 por ciento de la ciudadanía opina que están manejando mal el combate a la corrupción. Esta es la calificación más desfavorable al gobierno de los últimos 14 años.
- EPN inició su gestión con un 30 por ciento de rechazo ciudadano, rechazo que prácticamente se duplicó al 58 por ciento para diciembre 2014. Esta es una desaprobación más alta que las que recibieron los gobiernos de Zedillo, Fox o Calderón.
- Los líderes de opinión le dan una calificación promedio de 3.6, muy por debajo del 7.1 que le otorgaron al inicio de su gestión.
- Asimismo, los líderes de opinión le dan una aprobación a EPN de 21 por ciento, muy por debajo del 78 por ciento que le dieron cuando empezó su gobierno.
El Gobierno de EPN inició el 2014 con la economía siendo el tema más preocupante. Los resultados del 2003 habían sido deplorables, el PIB había crecido tan solo al 1.1 por ciento, en parte por el bajo crecimiento de la economía internacional, pero en mayor medida por los retrasos en la aplicación del presupuesto, en especial por la disminución en el ritmo de inversión pública. Las autoridades hacendarias pronosticaron un crecimiento económico para el 2014 de 3.9 por ciento, estimación que luego revisaron a la baja al 2.7 por ciento y más tarde la volvieron a reducir al 2.1 por ciento. Sin embargo, estimo que el crecimiento económico en el 2014 será inferior al 2 por ciento.
Cuatro hechos alimentaron la falta de confianza sobre la capacidad de la administración de EPN para manejar la economía: (a) el ahorcamiento fiscal a los contribuyentes cautivos, (b) el aumento en la deuda pública para financiar el boquete fiscal dejado por la caída en los precios del petróleo, (c) la continua depreciación del peso, y (d) la falta de transparencia en las asignaciones multimillonarias de contratos y concesiones a los mismos grupos que se vieron favorecidos por su gobierno en el Estado de México tales como OHL, Hermes, Grupo Higa, Alcántara y otros.
Sin embargo, desde hace tres meses el gobierno perdió la brújula económica, política y social del País.
El detonante fue la explosión de violencia extrema resultado de la gran omisión en la estrategia de seguridad del gobierno que prefirió enfatizar la forma y el discurso triunfalista sobre las acciones reales para combatir la inseguridad. El énfasis en la prevención, más que en el combate al delito, de esa política de seguridad de la administración de EPN le abrió la puerta al crimen organizado para penetrar más rápidamente los diferentes niveles de gobierno y las fuerzas políticas del País.
Este manejo político de la seguridad le explotó en la cara al gobierno federal en el 2014. Los hechos se encargaron de destacar lo erróneo e infantil de una estrategia de seguridad basada en criterios políticos. Ningún gobierno puede dormir con lobos y esperar que no lo muerdan.
La desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero a finales de septiembre del 2014 generó un gran malestar social y una reprobación generalizada hacia el Estado. Desde 1968 que no se veía en México una unión espontánea de la sociedad civil como la surgida ante la brutalidad de haber secuestrado, asesinado, quemado los cuerpos, triturado los huesos y arrojado los restos a un río de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, hecho que además desencadenó la aparición de innumerables fosas con restos humanos de personas desaparecidas anteriormente en la zona.
El gobierno de EPN leyó mal este suceso de barbarie inverosímil, no entendió su importancia. Primero, trató de evadir su responsabilidad declarando que el problema le correspondía a las autoridades estatales; luego, cuando ya no podía evadir más su responsabilidad, tardó diez días para intervenir y al poco tiempo, lo que resulta asombroso, el Presidente se ausentó del País para viajar a China.
La actitud frívola de esta administración es una de las manifestaciones del síndrome de la avestruz, que van desde la negación de los problemas, hasta la falta de decisiones oportunas y cruciales. Los principales errores que conforman éste síndrome son la negación de la realidad y creer que, ante una crisis, “los logros pasados aseguran un futuro sin consecuencias.”
Como era previsible, las protestas no se hicieron esperar. Los protestantes se manifestaron de manera cívica, pacífica y con gran impacto. Los hechos de violencia por grupos de anarquistas y maestros disidentes fueron aislados sin representar la mayoría bajo protesta. Sin embargo, la debilidad, cobardía e irresponsabilidad de las autoridades para proteger a los terceros afectados por el vandalismo, la violencia, los bloqueos de carreteras y aeropuertos, los destrozos a comercios y edificios públicos, los daños a piezas emblemáticas y monumentos históricos, la quema de vehículos oficiales y particulares, generaron aún más descontento contra el Estado.
El malestar de la sociedad civil no solamente se ha dirigido al Gobierno Federal, sino al Poder Judicial que ha permitido que los delincuentes y victimarios no fueran castigados, a los jueces que han evadido su responsabilidad de impartir justicia, a los juzgadores que han optado por el camino fácil de demandar pruebas de primer mundo a policías del tercer mundo a pesar de que en la mayoría de los casos la culpabilidad era obvia y manifiesta. Ante jueces corruptos, ineptos o timoratos ninguna prueba es suficiente cuando los culpables pueden hacer ruido. Los únicos culpables son aquellos que no se pueden defender.
La imagen de México en el exterior pocas veces se ha visto tan lastimada como en los últimos meses. Desgraciadamente, este acto de barbarie no ha sido el único, hay que recordar la masacre de los 72 centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas en agosto 2010, o la desaparición de 300 mexicanos en Allende, Coahuila en marzo 2011. Lo diferente en esta ocasión fue la indignación espontánea y generalizada de la sociedad civil y las protestas que inmediatamente se produjeron. Hay un sentir generalizado de los ciudadanos de “ya basta”, “ya no más”, “ya estamos hartos”, aparte de que en esta ocasión se trata de nuestros jóvenes estudiantes.
Tratando de ponerse al frente de esta espiral de descontento, EPN anunció un decálogo de medidas con las que pretendió tapar el sol con un dedo. El decálogo parece ser que se hizo al vapor a fin de dar la imagen de que el gobierno vuelve a retomar el control de la situación. El problema es que esto es muy poco y demasiado tarde.
Sin pretender tirar al niño con el agua sucia del baño, algunas de las medidas son positivas, tales como el establecimiento de tres zonas económicas para reducir la pobreza en Chiapas Guerrero y Oaxaca, la desaparición de las policías municipales y el mecanismo de intervención en los municipios penetrados por el crimen organizado. Otras medidas suenan como más de lo mismo y de relleno, tales como el establecimiento del sistema nacional anticorrupción, la agenda de reformas para mejorar la justicia cotidiana, crear la clave única de identidad, habilitar el 911 como el número telefónico de emergencia y denuncia, etc.
El decálogo de propuestas pretende dejar nuevamente la solución de los problemas en manos de aquellos que tienen parte de la culpa y otra parte que ocultar. El decálogo pretende reinventar la moral de los intereses para dejar de lado la obligación de los deberes.
¿Quién le va a creer a un gobierno que (a) liberó al hermano incómodo de un ex presidente con una misteriosa mega-fortuna la cual le fue devuelta con intereses; (b) liberó a una secuestradora reconocida por sus víctimas para mejorar las relaciones con un país europeo; (c) liberó a un reconocido narcotraficante, al cual se le giraron órdenes de aprensión al día siguiente; (d) no atiende la orden de aprehensión internacional contra un ex gobernador del Estado de México por la retención ilegal de los hijos que procreó con su ex esposa; (e) no explica claramente la millonaria “casa blanca” de la pareja presidencial en turno, etc.? Mientras no se aclaren tantos actos de corrupción e impunidad, como pueden pensar que la gente les va a creer sus propuestas.
La corrupción no consiste sólo en dar un par de monedas para agilizar un trámite burocrático, no, la corrupción es algo más que eso, es el soborno para obtener un contrato o concesión millonaria, es movilizar a las autoridades para utilizar el aparato del Estado para proteger a los propios y eliminar a los contrarios.
Un buen gobierno es aquel que tiene un buen desempeño. Los buenos gobiernos producen buenos resultados. Si algo nos dice la historia es que lo importante son las acciones y no las propuestas. En México ya tenemos muchas propuestas, propuestas que se han quedado en el papel, que nunca se han llevado a cabo. No obstante, seguimos con más de lo mismo. Nos quedamos en las formas sin poder llegar a las acciones. Lo que importa es que se cumplan y se apliquen las propuestas del pasado, y que se hagan respetar las instituciones y leyes del presente.
¿Cómo nos irá en el 2015?
El contexto político, económico y social para el 2015 será muy desafiante para la administración de EPN. Los retos y desafíos que afrontará son mayores a los que encararon los gobiernos de Fox y de Calderón. Para empezar, la violencia no solamente no se ha reducido, sino se ha extendido y profundizado. La economía sigue sin reaccionar y las medidas de crecimiento adoptadas por el gobierno no solamente se han quedado cortas, sino que han contribuido al pobre desempeño económico. Finalmente, las élites del poder económico han rechazado los profundos cambios impulsados por las reformas y han estancado los procesos reformatorios.¿Qué se puede hacer?
Si Enrique Peña Nieto quiere corregir los errores de sus dos años de gobierno y enfrentar con éxito los desafíos que se le presentarán a partir del 2015 tendrá que ser creativo, novedoso y valiente, de lo contrario corre el riesgo de pasar a la historia como el peor presidente del México posrevolucionario.Para empezar, tiene que cambiar a su gabinete. No puede esperar manejar al País con el mismo equipo cómodo de amigos con los que manejó el gobierno del Estado de México. EPN tiene que entender que ya no está tratando de ganar un concurso de popularidad, sino tratando de gobernar a un país. Su compromiso no es con sus amigos ni con aquellos que lo apoyaron política y financieramente para llevarlo al poder, sino con el pueblo de México.
A partir del 2015, EPN tiene que tratar de convertirse en un mejor líder, rodeándose de colaboradores capaces y asertivos que lo ayuden a encontrar las mejores y más efectivas soluciones a los problemas del País.
En segundo lugar, tiene que empezar a manejar de manera responsable las variables económicas. Por ejemplo, (a) no debe incurrir en más deuda pública para financiar el gasto corriente; (b) no debe aumentar el gasto mientras no aumenten los ingresos fiscales; (c) debe asignar el gasto y la inversión pública de una manera abierta y transparente; (d) los proyectos de inversión tienen que aprobarse mediante una previa evaluación de costo-beneficio; (e) los contratos y concesiones debe asignarse a través de licitaciones abiertas y competitivas, y (f) debe evitar totalmente el favoritismo en la asignación de contratos y concesiones. En otras palabras, EPN debe establecer la eficiencia en sus políticas económicas como principio fundamental y —de una vez por todas— terminar con la corrupción en el uso y manejo de los recursos públicos.
En tercer lugar, tiene que impulsar la aplicación de la ley, sobre todo a los grupos económicos poderosos. Esto incluye a los bancos y grupos financieros que se manejan con total impunidad, aumentando el costo del dinero y reduciendo el acceso al financiamiento competitivo, y a las empresas dominantes que impiden la competencia y la entrada de nuevos participantes, incrementando los precios y explotando impunemente a los consumidores.
Conclusión
El pobre, frívolo y controversial desempeño de la administración de Enrique Peña Nieto en sus dos primeros años de gobierno ha puesto en duda su intención manifiesta de promover una agenda por el bien de México.Hace dos años el gobierno de EPN entendió el sentir de la población y su frustración por la inactividad para promover las reformas que se venían discutiendo desde hacía 25 años. Ahora parece no entender el sentimiento popular y demanda social por una mayor justicia, mayor seguridad, menor corrupción e impunidad. Existe una gran frustración por estas injusticias que aumentaron rápidamente en el siglo XXI y que siguen reduciendo el bienestar y lacerando la dignidad de los mexicanos.
La historia omite, pero no perdona: la falta de acciones contundentes, la incapacidad para reaccionar oportuna y eficazmente ante los desafíos y la ausencia de una agenda por el bien de México están haciendo que EPN corra el peligro de pasar a la historia, no como el presidente de la alternancia, ni el presidente contra la delincuencia, sino como el presidente más inepto de los gobiernos posrevolucionarios.
martes, abril 08, 2014
Diezmo, Corrupción, Pemex y Oceanografía
Durante las últimas semanas han salido varias noticias impactantes sobre corrupción y abusos de autoridad en México. En éste artículo hablo sobre Oceanografía y la corrupción en Pemex. En artículos posteriores trataré otros casos de corrupción insultante que aparecieron en los medios, a saber: Línea 12 del Metro y los “maestros aviadores”. Menciono sólo estos casos, pero ustedes amables lectores, seguramente han vivido en carne propia cientos, si no miles de casos de corrupción e impunidad.
Eran los años 90, acababa de caer la cortina de hierro cuando me tocó ir como representante de un organismo internacional a la República de Georgia, antes parte de la Unión Soviética. Ahí conocí a un simpático sinvergüenza que la gente apodaba “El Diez-Centavos”. Al preguntar por qué lo llamaban así, me respondieron mis contrapartes que era porque se llevaba diez centavos de dólar por cada barril de petróleo importado. Me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo puede un país avanzar con semejantes niveles de corrupción e impunidad?, y decía para mis adentros que en México había corrupción, pero no hasta tales magnitudes, concluyendo que esa era una de las principales razones por las cuales los ex países de la Unión Soviética iban a tardar tanto tiempo en avanzar.
Racionalmente uno hubiera esperado que con el cambio del PRI al PAN la honradez y transparencia iban a aumentar por el temor a que la oposición, cuando llegara al poder, denunciaría los actos de corrupción y abuso de poder del gobierno anterior. Pero curiosamente esto no ha sido el caso, pasamos de ser un país dominado por un partido a un partidocracia donde los partidos políticos hacen, deshacen y se reparten el país a su antojo. Los unos protegen a los otros en un acuerdo secreto firmado por el temor a que les descubran sus fechorías anteriores y actuales. Todos parece que tienen cola que les pisen.
Han pasado dos décadas de mi visita a Georgia y ahora veo que México no solamente ha alcanzado dichos niveles de corrupción, sino que probablemente los ha rebasado considerando lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Recuerden el caso de Raúl Salinas llamado el señor diez por ciento por la comisión que cobraba a sus clientes para conseguirles millonarios contratos públicos. Ahora, consideren los casos más recientes de corrupción que pasaron durante lo que se ha venido a llamar la Docena Trágica, los sexenios del Vicente Fox y Felipe Calderón. La historia de Oceanografía con Pemex se remonta al 2003 y está asociada a los hijos de Marta Sahagún. Ahora ya no se habla del 10 por ciento, sino del 30 hasta el 35 por ciento... dejando muy atrás el antiguo diezmo religioso.
Las comisiones especiales del legislativo para investigar los actos de la corrupción han servido tan solo para la guerra verbal entre partidos y muy poco para encontrar y castigar a los culpables. Las autoridades dan la impresión que no quieren encontrar la verdad, que quieren tapar el sol con un dedo y que fingen investigar solo para que al pasar el tiempo, no encuentren nada, la gente se olvide y las cosas sigan igual o peor que antes.
Para muestra un botón: ¿cómo pueden los responsables de investigar la corrupción ser a la vez juez y parte? Pemex no nos va a decir nada arguyendo que es información reservada y confidencial. La Procuraduría General de la República va a decir que es una investigación complicada y demorada. Excusas para no hacer nada y proteger a los culpables.
Un buen mecanismo de investigación requiere cumplir con ciertos requisitos básicos: (1) independencia y autonomía, (2) imparcialidad y transparencia, (3) poder y autoridad, y (4) seguridad y remuneración. En efecto, los miembros de un buen equipo de investigación deben ser nombrados para tal fin y ser independientes de las autoridades políticas y de los principales actores involucrados en el acto de corrupción. Las fuentes de los recursos para su funcionamiento deben estar aseguradas y no depender de los organismos involucrados. La estructura del equipo ser integral, debe poder investigar e impartir justicia, debe funcionar de manera policial y judicial. Sus conclusiones y pruebas deben darse a conocer de manera transparente. Su personal debe estar protegido y pagársele adecuadamente. Su figura institucional debe incorporar expertos, agentes federales y jueces, los cuales, durante el periodo de la investigación, estarían fuera –tendrían autonomía– de la estructura normal de mando para evitar influencias perversas.
Eso sería lo ideal. Esas serían las características de un mecanismo eficiente para encontrar las causas reales y a los verdaderos culpables independientemente de su posición política, puesto, de quienes son amigos o de sus influencias. El mecanismo debería desembocar en averiguaciones previas y sentencias inculpatorias, de manera rápida, oportuna y contundente.
En el caso de Oceanografía, nos enteramos del fraude a finales de febrero y hasta ahora no sabemos quiénes han sido los responsables.
El Director de Pemex, el Procurador General de la República, y el Secretario de Hacienda declaran que se trata de un caso aislado, de un pleito entre particulares. La evidencia indica que el caso de Oceanografía no es aislado.
Parece que vivimos en Méxicos distintos. A la mejor se les olvidó el Pemexgate y otros hechos de fraude y corrupción en la paraestatal. Un amigo que participó en la construcción del complejo petroquímico La Cangrejera y de Tabasco I, me informaba como funcionarios y líderes sindicales alteraban e inventaban estimaciones, pedían materiales, equipos y mano de obra. Ahora acaba de salir en Estados Unidos la noticia de que una filial de Hewlett-Packard pagó más de 1 millón de dólares en comisiones para obtener un negocio de software con Pemex.
El director de Pemex declaró que de conformidad con la legislación vigente la información debe ser manejada con el sigilo y la secrecía que la ley prevé. Pero, si Pemex es de los mexicanos, entonces por derecho éstos deberían ser informados sobre lo que pasó y por qué paso.
El procurador general de la República reconoció retrasos en la fijación de responsabilidades en el caso de Oceanografía y explicó que ello obedece a cuestiones complejas de contabilidad y análisis financiero de recursos. Además agregó que la autoridad está obligada a ir despacio pero con precisión y contundencia a fin de garantizar la detención de los responsables para que no haya impunidad. El procurador concluyó diciendo que “vamos lentos pero seguros.”
Es un hecho conocido por todos que entre más tiempo se demora una investigación menor es la probabilidad de saber lo que pasó y de encontrar y castigar a los verdaderos culpables. Las pruebas vuelan, los testigos cambian de opinión o desaparecen, los responsables huyen, los culpables construyen muros de protección a su alrededor. Qué importa que los números no sean exactos y que sean aproximados, siempre y cuando estén en la dirección correcta. La premisa de una buena investigación es ir rápido y en la dirección correcta. La obligación no es ir lento y con precisión, la obligación es encontrar a los culpables lo más rápido posible. Si se quiere verdaderamente encontrar a los culpables, se requiere voluntad política y actuar con prontitud.
Hay evidencias reales y de sentido común: que los sospechosos expliquen de dónde salieron sus autos Ferrari, yates, departamentos en Nueva York, fortunas, etcétera. ¿Por qué no se investiga y separa inmediatamente de su cargo a los funcionarios responsables de autorizar contratos mediante asignaciones directas?
En Georgia era un secreto a voces que un hombre cobraba el diezmo en el sector energético. Aquí en México es otro secreto a voces que la mayoría de los funcionarios y líderes sindicales participan por igual en el despojo a Pemex. Si Oceanografía no hubiera existido, la hubieran inventado esos malos mexicanos. Pemex no es de todos los mexicanos, sino de aquellos mexicanos que cobran tres veces el diezmo en Pemex.
Eran los años 90, acababa de caer la cortina de hierro cuando me tocó ir como representante de un organismo internacional a la República de Georgia, antes parte de la Unión Soviética. Ahí conocí a un simpático sinvergüenza que la gente apodaba “El Diez-Centavos”. Al preguntar por qué lo llamaban así, me respondieron mis contrapartes que era porque se llevaba diez centavos de dólar por cada barril de petróleo importado. Me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo puede un país avanzar con semejantes niveles de corrupción e impunidad?, y decía para mis adentros que en México había corrupción, pero no hasta tales magnitudes, concluyendo que esa era una de las principales razones por las cuales los ex países de la Unión Soviética iban a tardar tanto tiempo en avanzar.
Racionalmente uno hubiera esperado que con el cambio del PRI al PAN la honradez y transparencia iban a aumentar por el temor a que la oposición, cuando llegara al poder, denunciaría los actos de corrupción y abuso de poder del gobierno anterior. Pero curiosamente esto no ha sido el caso, pasamos de ser un país dominado por un partido a un partidocracia donde los partidos políticos hacen, deshacen y se reparten el país a su antojo. Los unos protegen a los otros en un acuerdo secreto firmado por el temor a que les descubran sus fechorías anteriores y actuales. Todos parece que tienen cola que les pisen.
Han pasado dos décadas de mi visita a Georgia y ahora veo que México no solamente ha alcanzado dichos niveles de corrupción, sino que probablemente los ha rebasado considerando lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido. Recuerden el caso de Raúl Salinas llamado el señor diez por ciento por la comisión que cobraba a sus clientes para conseguirles millonarios contratos públicos. Ahora, consideren los casos más recientes de corrupción que pasaron durante lo que se ha venido a llamar la Docena Trágica, los sexenios del Vicente Fox y Felipe Calderón. La historia de Oceanografía con Pemex se remonta al 2003 y está asociada a los hijos de Marta Sahagún. Ahora ya no se habla del 10 por ciento, sino del 30 hasta el 35 por ciento... dejando muy atrás el antiguo diezmo religioso.
Las comisiones especiales del legislativo para investigar los actos de la corrupción han servido tan solo para la guerra verbal entre partidos y muy poco para encontrar y castigar a los culpables. Las autoridades dan la impresión que no quieren encontrar la verdad, que quieren tapar el sol con un dedo y que fingen investigar solo para que al pasar el tiempo, no encuentren nada, la gente se olvide y las cosas sigan igual o peor que antes.
Para muestra un botón: ¿cómo pueden los responsables de investigar la corrupción ser a la vez juez y parte? Pemex no nos va a decir nada arguyendo que es información reservada y confidencial. La Procuraduría General de la República va a decir que es una investigación complicada y demorada. Excusas para no hacer nada y proteger a los culpables.
Un buen mecanismo de investigación requiere cumplir con ciertos requisitos básicos: (1) independencia y autonomía, (2) imparcialidad y transparencia, (3) poder y autoridad, y (4) seguridad y remuneración. En efecto, los miembros de un buen equipo de investigación deben ser nombrados para tal fin y ser independientes de las autoridades políticas y de los principales actores involucrados en el acto de corrupción. Las fuentes de los recursos para su funcionamiento deben estar aseguradas y no depender de los organismos involucrados. La estructura del equipo ser integral, debe poder investigar e impartir justicia, debe funcionar de manera policial y judicial. Sus conclusiones y pruebas deben darse a conocer de manera transparente. Su personal debe estar protegido y pagársele adecuadamente. Su figura institucional debe incorporar expertos, agentes federales y jueces, los cuales, durante el periodo de la investigación, estarían fuera –tendrían autonomía– de la estructura normal de mando para evitar influencias perversas.
Eso sería lo ideal. Esas serían las características de un mecanismo eficiente para encontrar las causas reales y a los verdaderos culpables independientemente de su posición política, puesto, de quienes son amigos o de sus influencias. El mecanismo debería desembocar en averiguaciones previas y sentencias inculpatorias, de manera rápida, oportuna y contundente.
En el caso de Oceanografía, nos enteramos del fraude a finales de febrero y hasta ahora no sabemos quiénes han sido los responsables.
El Director de Pemex, el Procurador General de la República, y el Secretario de Hacienda declaran que se trata de un caso aislado, de un pleito entre particulares. La evidencia indica que el caso de Oceanografía no es aislado.
Parece que vivimos en Méxicos distintos. A la mejor se les olvidó el Pemexgate y otros hechos de fraude y corrupción en la paraestatal. Un amigo que participó en la construcción del complejo petroquímico La Cangrejera y de Tabasco I, me informaba como funcionarios y líderes sindicales alteraban e inventaban estimaciones, pedían materiales, equipos y mano de obra. Ahora acaba de salir en Estados Unidos la noticia de que una filial de Hewlett-Packard pagó más de 1 millón de dólares en comisiones para obtener un negocio de software con Pemex.
El director de Pemex declaró que de conformidad con la legislación vigente la información debe ser manejada con el sigilo y la secrecía que la ley prevé. Pero, si Pemex es de los mexicanos, entonces por derecho éstos deberían ser informados sobre lo que pasó y por qué paso.
El procurador general de la República reconoció retrasos en la fijación de responsabilidades en el caso de Oceanografía y explicó que ello obedece a cuestiones complejas de contabilidad y análisis financiero de recursos. Además agregó que la autoridad está obligada a ir despacio pero con precisión y contundencia a fin de garantizar la detención de los responsables para que no haya impunidad. El procurador concluyó diciendo que “vamos lentos pero seguros.”
Es un hecho conocido por todos que entre más tiempo se demora una investigación menor es la probabilidad de saber lo que pasó y de encontrar y castigar a los verdaderos culpables. Las pruebas vuelan, los testigos cambian de opinión o desaparecen, los responsables huyen, los culpables construyen muros de protección a su alrededor. Qué importa que los números no sean exactos y que sean aproximados, siempre y cuando estén en la dirección correcta. La premisa de una buena investigación es ir rápido y en la dirección correcta. La obligación no es ir lento y con precisión, la obligación es encontrar a los culpables lo más rápido posible. Si se quiere verdaderamente encontrar a los culpables, se requiere voluntad política y actuar con prontitud.
Hay evidencias reales y de sentido común: que los sospechosos expliquen de dónde salieron sus autos Ferrari, yates, departamentos en Nueva York, fortunas, etcétera. ¿Por qué no se investiga y separa inmediatamente de su cargo a los funcionarios responsables de autorizar contratos mediante asignaciones directas?
En Georgia era un secreto a voces que un hombre cobraba el diezmo en el sector energético. Aquí en México es otro secreto a voces que la mayoría de los funcionarios y líderes sindicales participan por igual en el despojo a Pemex. Si Oceanografía no hubiera existido, la hubieran inventado esos malos mexicanos. Pemex no es de todos los mexicanos, sino de aquellos mexicanos que cobran tres veces el diezmo en Pemex.
jueves, noviembre 21, 2013
Balance del Primer Año de Gobierno de Enrique Peña Nieto
El año pasado, después del triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones presidenciales del 2012, escribí en este espacio (El PRI, Peña Nieto y México) lo que podríamos esperar del regreso del PRI al poder.
Una de mis conclusiones de entonces era que el PRI iba a tratar de evitar los errores del pasado, los excesos fiscales que llevaron a varias crisis de las cuales hasta la fecha no nos hemos podido recuperar: El PRI iba a tratar de asegurar su permanencia en el poder mediante una mejor gestión. Una segunda conclusión era que viéramos el apoyo de los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador como un termómetro del descontento popular al gobierno en turno.
Ha pasado casi un año desde que el gobierno de Peña Nieto tomó las riendas del poder. Creo que ahora es oportuno hacer un balance de su gestión.
Logros
Enrique Peña Nieto empezó con un toque de genialidad al concertar con el gobierno saliente de Felipe Calderón la Reforma Laboral, la cual se aprobó antes de que entrara en funciones. Una vez que entró al poder, con su capital político intacto, logró que las principales fuerzas políticas firmaran un pacto de gobernabilidad, segundo toque magistral.
La idea de ese Pacto por México era alcanzar los acuerdos necesarios para llevar a cabo cinco de las reformas estructurales más importantes para el país: la educativa, telecomunicaciones, fiscal, energética y la política.
Estos logros –en las primeras semanas del Gobierno de Peña Nieto– generaron grandes expectativas y optimismo en la ciudadanía del país. Escuchábamos, “¡EL PRI SI SABE GOBERNAR!”
Otro logro fue el de mantener la estabilidad económica y cambiaria del país. El ritmo de inflación se mantuvo por debajo del 4%. El costo del dinero, al igual, se mantuvo por debajo del 4%. El tipo de cambio se mantuvo en un rango de 12.50 a 13.50 por dólar. ¡Buenos logros!
Un logro político fue haber logrado la aceptación de tres de las reformas propuestas: la educativa, telecomunicaciones y fiscal. Podríamos pensar de que estas reformas no fueron lo suficientemente lejos, que se quedaron cortas, que se diluyeron en las negociaciones, pero hay que reconocer que fueron y constituyen un adelanto, cambios necesarios en la dirección correcta. ¡Otro buen logro!
Fallas
Probablemente las fallas más importantes hayan sido en las áreas de corrupción y seguridad. El gobierno actual se quedó muy corto en cuanto a sus promesas de campaña.
La percepción de la población sobre la corrupción e inseguridad siguen siendo igual o peor que la de los gobiernos anteriores.
Aumentó el escepticismo de la gente ante las promesas e intenciones de un Estado que (1) liberó al hermano incómodo de un ex presidente con una misteriosa mega-fortuna la cual le fue devuelta con intereses; (2) liberó a una secuestradora reconocida por sus víctimas para mejorar las relaciones con un país europeo; (3) liberó a un reconocido narcotraficante, al cual se le giraron órdenes de aprensión al día siguiente, y (4) condonó una deuda de casi 500 millones de dólares a un país caribeño, habiendo tantas carencias en el país.
Los indicadores de que las cosas no marchan bien en estos frentes son, por un lado, el Estado Fallido de Michoacán y, por el otro, el progresivo crecimiento de los llamados grupos de autodefensa.
Michoacán es un triste ejemplo. Es una llamada de atención de que si no se resuelve, el problema va a extenderse a todos los estados del país. No va a ser un hecho aislado. La manzana podrida va a podrir al resto.
El fenómeno de los grupos de autodefensa es consecuencia de la falta de seguridad y la falta de gobernabilidad. Grupos de autodefensas que no solo se enfrentan a los maleantes, sino hasta contra el propio ejército. Claro, la delincuencia seguramente ha creado sus propios grupos de autodefensas.
El Estado es la única institución que puede usar la violencia. Ningún otro grupo en el país tiene esa prerrogativa. El uso de la violencia es un instrumento de política pública para proteger la integridad física, el bienestar, la propiedad y los intereses de los habitantes del país. Por ello, ningún gobierno en el mundo permite el uso de la violencia a grupos ajenos a las instituciones del Estado. Sin embargo aquí en México no solamente se les permite, sino que se alienta la creación de estos grupos.
Toda política exitosa de seguridad tiene dos caras: la prevención y el combate al crimen. El gobierno actual solamente se ha enfocado a la prevención del crimen. La política actual es fomentar lo que mejor se vende: la prevención a través de campañas educativas en las escuelas y las familias. Esto suena bonito pero no resuelve los crímenes en contra de la ciudadanía. Los niveles de violencia actuales son equivalentes a los de los gobiernos anteriores, excepto que ahora no se habla tanto en los medios sobre el combate al crimen.
La gente se ha percatado de la gran debilidad de las autoridades para protegerlos contra las agresiones de grupos aislados. ¿Cómo entender que un grupo de maestros molestos secuestren las aceras y avenidas de la ciudad más importante del país? ¿Cómo puede un gobierno estatal permitir que maestros intransigentes ataquen a los padres de familia que están manejando la escuela para educar a sus hijos por el absentismo de sus maestros? ¿Cómo pueden permitir las autoridades federales que las autoridades estatales entreguen una escuela federal a los maestros que atacaron a los padres de sus estudiantes?
¿En qué novela de Franz Kafka estamos viviendo?
Otra falla del gobierno actual es que la economía y el empleo siguen sin despegar.
La tasa de crecimiento económica del 2013 va a estar por debajo de la originalmente estimada del 3.4%, probablemente creceremos alrededor del 1%. Los empleos creados en el 2013 van a ser inferiores a los creados en el mismo periodo de la administración pasada.
Esto en buena medida se debe al decaimiento en la economía internacional, pero también se debe a los retrasos en la aplicación del presupuesto, a la disminución en el ritmo de inversión pública.
En cuanto a las reformas aprobadas, probablemente la más importante para México, a mediano y largo plazo, es y seguirá siendo la educativa.
¿Cómo lograr la mejor educación para nuestra juventud?
La preocupación de los contreras a todo y contra todo es que la educación tiene que ser solamente pública. Eso es una total y cabal falacia.
Es cierto, los mexicanos deben de tener acceso a una educación universal de calidad. Pero, lo que importa no son los maestros, ni los líderes sindicales, ni los burócratas responsables de ejercer el presupuesto de educación, lo importante es precisamente la juventud del país. Lo que importa son las familias mexicanas que quieren que sus impuestos vayan a preparar mejor a sus hijos, a los mexicanos del mañana, a los que van a dirigir los destinos de un México en un mundo totalmente globalizado.
Esto no se va a poder lograr con maestros que no quieren que se les evalúen, con maestros que quieren heredar sus plazas.
¿Qué reforma educativa puede asegurar una preparación de calidad?
Probablemente no la que el actual gobierno propone.
La responsabilidad de la educación de los hijos de México debe recaer en sus padres. El presupuesto educativo debería de otorgarse a los padres de familia mediante vales educativos. Las escuelas deberían de ser evaluadas anualmente, para que los padres de familia pudieran decidir a qué escuela mandar a sus hijos.
Preferible la democracia familiar al autoritarismo burocrático o al chantaje sindical. Es una reforma simple y sencilla, pero como sabemos, lo simple y sencillo no funciona en los círculos del poder en México. Cualquier propuesta por buena que sea para México, si reduce el poder de los funcionarios o la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, no es aprobada.
En cuanto a la reforma de telecomunicaciones, el objetivo era lograr accesos de calidad y de bajo costo a las tecnologías de punta para las personas y agentes nacionales e internacionales. Hasta el momento, no hay una competencia real en el sector de televisión abierta, televisión de paga, teléfonos celulares, acceso a Internet, etcétera. Aparte, la legislación secundaria necesaria para habilitar la reforma aprobada no se ha concretado.
En lo que toca a la reforma fiscal, efectivamente no es una miscelánea fiscal como los contreras al cambio han sugerido y criticado. Empero, tampoco se puede calificar de una reforma integral. La base tributaria sigue sin aumentar de manera significativa. La base continua recayendo sobre los que siempre pagan, los contribuyentes cautivos.
La disminución de las dos terceras partes en las exenciones fiscales no va a perdurar. Eso no va a aumentar la base gravable. Los parásitos fiscalistas, o expertos fiscales, que aparentemente actúan dentro de la ley, pues no hay figura legal que los contemple o identifique, ávidamente están estudiando cómo evitar que sus clientes ladrones, los ricos no productivos, paguen más impuestos.
Un rico que invierte sus ganancias, arriesga su capital e invierte en el cambio tecnológico es un rico bienvenido y muy favorable al país. Estar en contra del éxito es mentalidad de fracasados, de enanos mentales. Poner a los que mueven al país junto a los que heredaron, a los que encontraron la rápida fortuna por medios ilícitos, es una tontería, una acción en contra del futuro de un mejor México.
Caray, que tristeza ir de caza al zoológico.
En cuanto al uso de los ingresos fiscales, las pautas y directrices del gasto siguen estando ocultas, siendo discrecionales, sin transparencia. Las maneras e instrumentos para el mal manejo de los recursos públicos continúan. ¿Cómo puede un gobierno honesto aceptar asignaciones directas para gastos mayores?
La solución es la transparencia, la evaluación y aceptación de grandes proyectos de inversión por grupos representativos de la sociedad civil.
En cuanto a las reformas faltantes, la energética y la política, seguramente se van a aprobar próximamente, lo que va a demorar van a ser la aprobación de las leyes secundarias de las propias reformas.
Conclusión
El pobre y débil desempeño de la administración actual ha puesto en duda la intención manifiesta del gobierno para promover una agenda por el bien de México.
La historia omite, pero no perdona: EPN podrá pasar a la historia como un presidente mas, sin más ni menos, tan gris como los demás, pero no como El Presidente de la Alternancia, ni El Presidente Contra la Delincuencia.
Pobre México: otra oportunidad perdida.
Una de mis conclusiones de entonces era que el PRI iba a tratar de evitar los errores del pasado, los excesos fiscales que llevaron a varias crisis de las cuales hasta la fecha no nos hemos podido recuperar: El PRI iba a tratar de asegurar su permanencia en el poder mediante una mejor gestión. Una segunda conclusión era que viéramos el apoyo de los mexicanos a Andrés Manuel López Obrador como un termómetro del descontento popular al gobierno en turno.
Ha pasado casi un año desde que el gobierno de Peña Nieto tomó las riendas del poder. Creo que ahora es oportuno hacer un balance de su gestión.
Logros
Enrique Peña Nieto empezó con un toque de genialidad al concertar con el gobierno saliente de Felipe Calderón la Reforma Laboral, la cual se aprobó antes de que entrara en funciones. Una vez que entró al poder, con su capital político intacto, logró que las principales fuerzas políticas firmaran un pacto de gobernabilidad, segundo toque magistral.
La idea de ese Pacto por México era alcanzar los acuerdos necesarios para llevar a cabo cinco de las reformas estructurales más importantes para el país: la educativa, telecomunicaciones, fiscal, energética y la política.
Estos logros –en las primeras semanas del Gobierno de Peña Nieto– generaron grandes expectativas y optimismo en la ciudadanía del país. Escuchábamos, “¡EL PRI SI SABE GOBERNAR!”
Otro logro fue el de mantener la estabilidad económica y cambiaria del país. El ritmo de inflación se mantuvo por debajo del 4%. El costo del dinero, al igual, se mantuvo por debajo del 4%. El tipo de cambio se mantuvo en un rango de 12.50 a 13.50 por dólar. ¡Buenos logros!
Un logro político fue haber logrado la aceptación de tres de las reformas propuestas: la educativa, telecomunicaciones y fiscal. Podríamos pensar de que estas reformas no fueron lo suficientemente lejos, que se quedaron cortas, que se diluyeron en las negociaciones, pero hay que reconocer que fueron y constituyen un adelanto, cambios necesarios en la dirección correcta. ¡Otro buen logro!
Fallas
Probablemente las fallas más importantes hayan sido en las áreas de corrupción y seguridad. El gobierno actual se quedó muy corto en cuanto a sus promesas de campaña.
La percepción de la población sobre la corrupción e inseguridad siguen siendo igual o peor que la de los gobiernos anteriores.
Aumentó el escepticismo de la gente ante las promesas e intenciones de un Estado que (1) liberó al hermano incómodo de un ex presidente con una misteriosa mega-fortuna la cual le fue devuelta con intereses; (2) liberó a una secuestradora reconocida por sus víctimas para mejorar las relaciones con un país europeo; (3) liberó a un reconocido narcotraficante, al cual se le giraron órdenes de aprensión al día siguiente, y (4) condonó una deuda de casi 500 millones de dólares a un país caribeño, habiendo tantas carencias en el país.
Los indicadores de que las cosas no marchan bien en estos frentes son, por un lado, el Estado Fallido de Michoacán y, por el otro, el progresivo crecimiento de los llamados grupos de autodefensa.
Michoacán es un triste ejemplo. Es una llamada de atención de que si no se resuelve, el problema va a extenderse a todos los estados del país. No va a ser un hecho aislado. La manzana podrida va a podrir al resto.
El fenómeno de los grupos de autodefensa es consecuencia de la falta de seguridad y la falta de gobernabilidad. Grupos de autodefensas que no solo se enfrentan a los maleantes, sino hasta contra el propio ejército. Claro, la delincuencia seguramente ha creado sus propios grupos de autodefensas.
El Estado es la única institución que puede usar la violencia. Ningún otro grupo en el país tiene esa prerrogativa. El uso de la violencia es un instrumento de política pública para proteger la integridad física, el bienestar, la propiedad y los intereses de los habitantes del país. Por ello, ningún gobierno en el mundo permite el uso de la violencia a grupos ajenos a las instituciones del Estado. Sin embargo aquí en México no solamente se les permite, sino que se alienta la creación de estos grupos.
Toda política exitosa de seguridad tiene dos caras: la prevención y el combate al crimen. El gobierno actual solamente se ha enfocado a la prevención del crimen. La política actual es fomentar lo que mejor se vende: la prevención a través de campañas educativas en las escuelas y las familias. Esto suena bonito pero no resuelve los crímenes en contra de la ciudadanía. Los niveles de violencia actuales son equivalentes a los de los gobiernos anteriores, excepto que ahora no se habla tanto en los medios sobre el combate al crimen.
La gente se ha percatado de la gran debilidad de las autoridades para protegerlos contra las agresiones de grupos aislados. ¿Cómo entender que un grupo de maestros molestos secuestren las aceras y avenidas de la ciudad más importante del país? ¿Cómo puede un gobierno estatal permitir que maestros intransigentes ataquen a los padres de familia que están manejando la escuela para educar a sus hijos por el absentismo de sus maestros? ¿Cómo pueden permitir las autoridades federales que las autoridades estatales entreguen una escuela federal a los maestros que atacaron a los padres de sus estudiantes?
¿En qué novela de Franz Kafka estamos viviendo?
Otra falla del gobierno actual es que la economía y el empleo siguen sin despegar.
La tasa de crecimiento económica del 2013 va a estar por debajo de la originalmente estimada del 3.4%, probablemente creceremos alrededor del 1%. Los empleos creados en el 2013 van a ser inferiores a los creados en el mismo periodo de la administración pasada.
Esto en buena medida se debe al decaimiento en la economía internacional, pero también se debe a los retrasos en la aplicación del presupuesto, a la disminución en el ritmo de inversión pública.
En cuanto a las reformas aprobadas, probablemente la más importante para México, a mediano y largo plazo, es y seguirá siendo la educativa.
¿Cómo lograr la mejor educación para nuestra juventud?
La preocupación de los contreras a todo y contra todo es que la educación tiene que ser solamente pública. Eso es una total y cabal falacia.
Es cierto, los mexicanos deben de tener acceso a una educación universal de calidad. Pero, lo que importa no son los maestros, ni los líderes sindicales, ni los burócratas responsables de ejercer el presupuesto de educación, lo importante es precisamente la juventud del país. Lo que importa son las familias mexicanas que quieren que sus impuestos vayan a preparar mejor a sus hijos, a los mexicanos del mañana, a los que van a dirigir los destinos de un México en un mundo totalmente globalizado.
Esto no se va a poder lograr con maestros que no quieren que se les evalúen, con maestros que quieren heredar sus plazas.
¿Qué reforma educativa puede asegurar una preparación de calidad?
Probablemente no la que el actual gobierno propone.
La responsabilidad de la educación de los hijos de México debe recaer en sus padres. El presupuesto educativo debería de otorgarse a los padres de familia mediante vales educativos. Las escuelas deberían de ser evaluadas anualmente, para que los padres de familia pudieran decidir a qué escuela mandar a sus hijos.
Preferible la democracia familiar al autoritarismo burocrático o al chantaje sindical. Es una reforma simple y sencilla, pero como sabemos, lo simple y sencillo no funciona en los círculos del poder en México. Cualquier propuesta por buena que sea para México, si reduce el poder de los funcionarios o la discrecionalidad en el ejercicio del gasto, no es aprobada.
En cuanto a la reforma de telecomunicaciones, el objetivo era lograr accesos de calidad y de bajo costo a las tecnologías de punta para las personas y agentes nacionales e internacionales. Hasta el momento, no hay una competencia real en el sector de televisión abierta, televisión de paga, teléfonos celulares, acceso a Internet, etcétera. Aparte, la legislación secundaria necesaria para habilitar la reforma aprobada no se ha concretado.
En lo que toca a la reforma fiscal, efectivamente no es una miscelánea fiscal como los contreras al cambio han sugerido y criticado. Empero, tampoco se puede calificar de una reforma integral. La base tributaria sigue sin aumentar de manera significativa. La base continua recayendo sobre los que siempre pagan, los contribuyentes cautivos.
La disminución de las dos terceras partes en las exenciones fiscales no va a perdurar. Eso no va a aumentar la base gravable. Los parásitos fiscalistas, o expertos fiscales, que aparentemente actúan dentro de la ley, pues no hay figura legal que los contemple o identifique, ávidamente están estudiando cómo evitar que sus clientes ladrones, los ricos no productivos, paguen más impuestos.
Un rico que invierte sus ganancias, arriesga su capital e invierte en el cambio tecnológico es un rico bienvenido y muy favorable al país. Estar en contra del éxito es mentalidad de fracasados, de enanos mentales. Poner a los que mueven al país junto a los que heredaron, a los que encontraron la rápida fortuna por medios ilícitos, es una tontería, una acción en contra del futuro de un mejor México.
Caray, que tristeza ir de caza al zoológico.
En cuanto al uso de los ingresos fiscales, las pautas y directrices del gasto siguen estando ocultas, siendo discrecionales, sin transparencia. Las maneras e instrumentos para el mal manejo de los recursos públicos continúan. ¿Cómo puede un gobierno honesto aceptar asignaciones directas para gastos mayores?
La solución es la transparencia, la evaluación y aceptación de grandes proyectos de inversión por grupos representativos de la sociedad civil.
En cuanto a las reformas faltantes, la energética y la política, seguramente se van a aprobar próximamente, lo que va a demorar van a ser la aprobación de las leyes secundarias de las propias reformas.
Conclusión
El pobre y débil desempeño de la administración actual ha puesto en duda la intención manifiesta del gobierno para promover una agenda por el bien de México.
La historia omite, pero no perdona: EPN podrá pasar a la historia como un presidente mas, sin más ni menos, tan gris como los demás, pero no como El Presidente de la Alternancia, ni El Presidente Contra la Delincuencia.
Pobre México: otra oportunidad perdida.
viernes, septiembre 27, 2013
Prevención o Combate al Delito: El dilema de Enrique Peña Nieto
El propósito de esta nota es examinar la política de seguridad del gobierno.
Toda estrategia de seguridad bien diseñada tiene que comprender tanto la prevención de los delitos como la lucha contra el crimen. Son las dos caras de la moneda: la prevención y el combate del delito. No se puede tener una política de seguridad exitosa, si no se combate a la delincuencia. Y no se puede tener una estrategia de prevención del crimen, si los criminales están en libertad de hacer lo que quieran.
Las acciones de prevención del delito son sexy, tienen un impacto social y político positivo. Anunciar una campaña de educación en contra de la violencia escolar y familiar, suena bien, da la idea de que el gobierno está haciendo algo para reducir la inseguridad. Esto se debe a que las medidas de prevención del delito son medidas estructurales. Sus resultados tardan tiempo en darse, son resultados de mediano y largo plazo.
Por el otro lado, cuando se actúa en contra del crimen, se producen enfrentamientos con consecuencias inmediatas en pérdidas humanas, sociales y económicas. Las medidas de combate al delito son medidas de carácter coyuntural, son medidas de corto plazo, inmediatamente se ven los resultados. Son medidas necesarias, pero que no gustan.
La política de seguridad del gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho énfasis en la prevención del delito, probablemente con el fin político de mejorar la percepción de seguridad de los mexicanos, pero carece de un programa de combate a la delincuencia.
Antes de entrar en materia, permítanme mencionar tres premisas fundamentales:
El gobierno poco ha hablado sobre el combate al delito, probablemente para asentar una diferencia importante con respecto a la del gobierno de Felipe Calderón, quien fue criticado severamente por su campaña de lucha contra la delincuencia organizada. Pero, como el combate contra el delito es importante para una estrategia de seguridad, el portal de Internet de la Comisión Nacional de Seguridad todavía presenta el Programa de Combate y Prevención del Delito de Felipe Calderón, puesto que el actual gobierno todavía no ha formulado su programa de combate a la violencia.
En efecto, cuesta menos prevenir el delito que combatirlo –dice el dicho, “más vale prevenir que lamentar”. Sin embargo, cuando el nivel de inseguridad es elevado, se tienen que implementar medidas inmediatas de combate a la delincuencia. Es una cuestión de sobrevivencia: la delincuencia extrema perjudica el curso normal de la economía y la vida social, restándole gobernabilidad y legitimidad al Estado.
El programa de combate a la delincuencia del gobierno pasado estuvo bien intencionado, pero le falló su comunicación social y política. El punto importante que hay que destacar es que es más perjudicial a mediano y largo plazo para México ignorar a la delincuencia organizada para evitarse el costo político de las malas noticias que enfrentarla. Por definición, tampoco se puede negociar con los criminales. Negociar con criminales son las vitaminas para fortalecer la corrupción.
Las buenas noticias son que la lucha en contra de la delincuencia probablemente se puede hacer mejor que en el pasado. No se tiene que seguir con el mismo enfoque de combatir a fuego y bala a los criminales, se pueden emplear medidas indirectas basadas en las últimas tecnologías y sistemas inteligentes.
Las acciones directas del combate al delito incluyen personal policial y de seguridad, la compra de más y mejor armamento, equipos y vehículos, el uso de retenes en las carreteras y vías de acceso, programas para promover el no salir de sus casas después de ciertas horas, etc. Estas acciones directas tienen costos (1) monetarios y sociales por la gente lastimada y muerta, (2) económicos por las pérdidas de productividad e inversión, y (3) costos políticos por las críticas. Estos costos pueden considerarse tan elevados, que la gente y las autoridades prefieren a veces vivir e ignorar a la delincuencia organizada, que enfrentarla.
Sin embargo, no es necesario meter la cabeza en un hoyo. Existen algunas medidas indirectas con mayor probabilidad de éxito y de menor costo económico, social y político que las directas. Tal es el uso de tecnologías de punta y sistemas inteligentes que permiten información instantánea y detección temprana de actos criminales. Una estrategia de combate al delito basada en estas tecnologías y sistemas cuesta más caro al principio, pero resulta más barata en en el mediano y largo plazo. El uso de estas tecnologías descansan en el principio de que “evitar un delito cuesta menos para la sociedad y para las víctimas que enfrentar al criminal en el acto de cometer el delito, o capturarlo después de haberlo cometido.”
Recientemente se anunció el Plan Frontera Sur, un esquema de vigilancia para contener el tráfico de armas, drogas, contrabando de mercancías, y flujo de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Este esfuerzo descansa en el uso de retenes y puestos de control vehicular en las carreteras y vías de acceso del sur, y el empleo de 2,400 efectivos del ejército y agentes federales. El costo de este esquema es elevado porque implica personal de seguridad armado, empleados sujetos a las tentaciones de la corrupción, construcción y establecimiento de puestos de control vehicular, adquisición y uso de vehículos, más las pérdidas de tiempo de todos los vehículos privados y públicos de pasajeros y carga en las revisiones.
En lugar de retenes, la opción inteligente consistiría en arcos móviles de escaneo con rayos X que permitan detectar en tiempos prudentes lo que llevan los vehículos. Las imágenes de los escaneos se envían en tiempo real a un centro de análisis en algún lugar del país donde se analizan. De tal manera, si un camión lleva armas, drogas, contrabando o gente oculta, tres o cuatro kilómetros adelante se le hace la parada y detención correspondiente. Esto envía un mensaje inmediato a los delincuentes de que no pueden transportar armas, dinero, mercancía y gente ilegal.
¡Qué bueno que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté manejando mejor sus relaciones públicas! Y ¡Qué bueno que se haya mejorado la percepción de seguridad! Sin embargo, el nivel de delincuencia real probablemente está igual o peor. Si la intención del gobierno actual es pasar a la historia como un gobierno mejor que los anteriores, es importante que tenga un programa integral de seguridad que contemple los dos lados de la moneda: la prevención y el combate al delito.
No solamente es necesario manejar bien en los medios la estrategia de combate al delito, sino también debe descansar en las mejores opciones. Las tecnologías de punta y sistemas inteligentes ofrecen una alternativa viable para lograr una mayor seguridad en nuestro pobre país tan afectado por los altos niveles de criminalidad.
En el momento actual hay que hacer ambas cosas: combatir y prevenir el delito. No solamente hay que hacer lo que tiene rentabilidad política, sino lo que mejora y sustenta el bienestar nacional.
Los que quieran ver mas que leer, les paso la liga del vídeo-articulo:
http://youtu.be/EuJOcD4kYYY
Toda estrategia de seguridad bien diseñada tiene que comprender tanto la prevención de los delitos como la lucha contra el crimen. Son las dos caras de la moneda: la prevención y el combate del delito. No se puede tener una política de seguridad exitosa, si no se combate a la delincuencia. Y no se puede tener una estrategia de prevención del crimen, si los criminales están en libertad de hacer lo que quieran.
Las acciones de prevención del delito son sexy, tienen un impacto social y político positivo. Anunciar una campaña de educación en contra de la violencia escolar y familiar, suena bien, da la idea de que el gobierno está haciendo algo para reducir la inseguridad. Esto se debe a que las medidas de prevención del delito son medidas estructurales. Sus resultados tardan tiempo en darse, son resultados de mediano y largo plazo.
Por el otro lado, cuando se actúa en contra del crimen, se producen enfrentamientos con consecuencias inmediatas en pérdidas humanas, sociales y económicas. Las medidas de combate al delito son medidas de carácter coyuntural, son medidas de corto plazo, inmediatamente se ven los resultados. Son medidas necesarias, pero que no gustan.
La política de seguridad del gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto ha hecho énfasis en la prevención del delito, probablemente con el fin político de mejorar la percepción de seguridad de los mexicanos, pero carece de un programa de combate a la delincuencia.
Antes de entrar en materia, permítanme mencionar tres premisas fundamentales:
- El propósito de cualquier política pública es mejorar el bienestar nacional. Las acciones para reducir la inseguridad y mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la seguridad son elementos fundamentales para darle legitimidad al gobierno de un país. Cualquier política de seguridad que pretenda reducir la inseguridad de manera sostenible requiere contemplar los dos lados de la ecuación: el combate al delito y la prevención del delito.
- El Estado es la única institución que tiene como recurso el uso de la violencia. Ningún otro grupo tiene esa prerrogativa. El uso de la violencia es un instrumento de política pública para proteger la integridad física, el bienestar, la propiedad y los intereses de los habitantes de un país. Por ello, los gobiernos no pueden permitir el uso de la violencia a grupos ajenos a las instituciones del Estado, combatiendo y tratando de evitar la violencia de los grupos al margen de la ley.
- Una economía más segura tiene un crecimiento económico de uno a tres puntos porcentuales por encima de una menos segura. Una economía con bajos niveles de inseguridad tiene costos menores, pues no tiene que gastar excesivamente en sistemas de seguridad y protección. La gente tiene confianza para salir, comprar, divertirse, viajar e invertir para el mañana. La gente que se siente insegura, compra menos, sale menos, viaja menos, vive al día y está traumatizada. Los buenos trabajadores (los más productivos) emigran a las zonas mas seguras.
El gobierno poco ha hablado sobre el combate al delito, probablemente para asentar una diferencia importante con respecto a la del gobierno de Felipe Calderón, quien fue criticado severamente por su campaña de lucha contra la delincuencia organizada. Pero, como el combate contra el delito es importante para una estrategia de seguridad, el portal de Internet de la Comisión Nacional de Seguridad todavía presenta el Programa de Combate y Prevención del Delito de Felipe Calderón, puesto que el actual gobierno todavía no ha formulado su programa de combate a la violencia.
En efecto, cuesta menos prevenir el delito que combatirlo –dice el dicho, “más vale prevenir que lamentar”. Sin embargo, cuando el nivel de inseguridad es elevado, se tienen que implementar medidas inmediatas de combate a la delincuencia. Es una cuestión de sobrevivencia: la delincuencia extrema perjudica el curso normal de la economía y la vida social, restándole gobernabilidad y legitimidad al Estado.
El programa de combate a la delincuencia del gobierno pasado estuvo bien intencionado, pero le falló su comunicación social y política. El punto importante que hay que destacar es que es más perjudicial a mediano y largo plazo para México ignorar a la delincuencia organizada para evitarse el costo político de las malas noticias que enfrentarla. Por definición, tampoco se puede negociar con los criminales. Negociar con criminales son las vitaminas para fortalecer la corrupción.
Las buenas noticias son que la lucha en contra de la delincuencia probablemente se puede hacer mejor que en el pasado. No se tiene que seguir con el mismo enfoque de combatir a fuego y bala a los criminales, se pueden emplear medidas indirectas basadas en las últimas tecnologías y sistemas inteligentes.
Las acciones directas del combate al delito incluyen personal policial y de seguridad, la compra de más y mejor armamento, equipos y vehículos, el uso de retenes en las carreteras y vías de acceso, programas para promover el no salir de sus casas después de ciertas horas, etc. Estas acciones directas tienen costos (1) monetarios y sociales por la gente lastimada y muerta, (2) económicos por las pérdidas de productividad e inversión, y (3) costos políticos por las críticas. Estos costos pueden considerarse tan elevados, que la gente y las autoridades prefieren a veces vivir e ignorar a la delincuencia organizada, que enfrentarla.
Sin embargo, no es necesario meter la cabeza en un hoyo. Existen algunas medidas indirectas con mayor probabilidad de éxito y de menor costo económico, social y político que las directas. Tal es el uso de tecnologías de punta y sistemas inteligentes que permiten información instantánea y detección temprana de actos criminales. Una estrategia de combate al delito basada en estas tecnologías y sistemas cuesta más caro al principio, pero resulta más barata en en el mediano y largo plazo. El uso de estas tecnologías descansan en el principio de que “evitar un delito cuesta menos para la sociedad y para las víctimas que enfrentar al criminal en el acto de cometer el delito, o capturarlo después de haberlo cometido.”
Recientemente se anunció el Plan Frontera Sur, un esquema de vigilancia para contener el tráfico de armas, drogas, contrabando de mercancías, y flujo de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Este esfuerzo descansa en el uso de retenes y puestos de control vehicular en las carreteras y vías de acceso del sur, y el empleo de 2,400 efectivos del ejército y agentes federales. El costo de este esquema es elevado porque implica personal de seguridad armado, empleados sujetos a las tentaciones de la corrupción, construcción y establecimiento de puestos de control vehicular, adquisición y uso de vehículos, más las pérdidas de tiempo de todos los vehículos privados y públicos de pasajeros y carga en las revisiones.
En lugar de retenes, la opción inteligente consistiría en arcos móviles de escaneo con rayos X que permitan detectar en tiempos prudentes lo que llevan los vehículos. Las imágenes de los escaneos se envían en tiempo real a un centro de análisis en algún lugar del país donde se analizan. De tal manera, si un camión lleva armas, drogas, contrabando o gente oculta, tres o cuatro kilómetros adelante se le hace la parada y detención correspondiente. Esto envía un mensaje inmediato a los delincuentes de que no pueden transportar armas, dinero, mercancía y gente ilegal.
¡Qué bueno que el gobierno de Enrique Peña Nieto esté manejando mejor sus relaciones públicas! Y ¡Qué bueno que se haya mejorado la percepción de seguridad! Sin embargo, el nivel de delincuencia real probablemente está igual o peor. Si la intención del gobierno actual es pasar a la historia como un gobierno mejor que los anteriores, es importante que tenga un programa integral de seguridad que contemple los dos lados de la moneda: la prevención y el combate al delito.
No solamente es necesario manejar bien en los medios la estrategia de combate al delito, sino también debe descansar en las mejores opciones. Las tecnologías de punta y sistemas inteligentes ofrecen una alternativa viable para lograr una mayor seguridad en nuestro pobre país tan afectado por los altos niveles de criminalidad.
En el momento actual hay que hacer ambas cosas: combatir y prevenir el delito. No solamente hay que hacer lo que tiene rentabilidad política, sino lo que mejora y sustenta el bienestar nacional.
Los que quieran ver mas que leer, les paso la liga del vídeo-articulo:
http://youtu.be/EuJOcD4kYYY
domingo, agosto 17, 2008
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