Ante las vergüenzas públicas de riñas entre prisioneros, motines en los penales, celdas de lujo para presos importantes, y fugas de los reos, las autoridades han sido incapaces de reaccionar de manera efectiva. Los gobiernos federales y estatales se echan la culpa entre ellos… que esa responsabilidad le corresponde a los estados, no a la Federación; que el gobierno federal entrega los recursos, pero los estados no los emplean correctamente; que los dineros se desvían de las asignaciones a las cárceles a otros fines como de construcción de infraestructura, puentes, museos, renta de aviones para los funcionarios estatales y sus familiares.
Lo que es un hecho es que la sobrepoblación en los penales sigue creciendo por encima de la tasa de crecimiento de la población; el número de reos se duplica cada década, sin que los mexicanos se sientan doblemente seguros. En otras palabras, las autoridades responsables (1) emplean mal los recursos penitenciarios (y/o buena parte de estos se los gastan en otros fines), y (2) administran pésimamente mal las cárceles…
Los servicios carcelarios son en promedio de baja calidad, sufriendo de corrupción e impunidad, así como escasez de espacios y condiciones dignas para los prisioneros. Los recursos financieros para el sistema penitenciario son de los más opacos del presupuesto público, y las administraciones penitenciarias en México son de las más ineficientes del sector público. Parece ser que casi todos los gobiernos federales y estatales prefieren usar los recursos asignados para sus cárceles en obras con mayor rentabilidad personal o política... ¡Los panteones y los penales están en el olvido porqué ahí nadie vota!
¿Cuáles pueden ser las soluciones ante un problema que viene de gobierno a gobierno desde hace más de 4 décadas? Al parecer de este columnista, hay dos opciones: la primera, tratar de continuar mejorando la opción pública, y la segunda, trabajar con la iniciativa privada.
La solución pública de que el gobierno continúe manejando los penales en México es más de lo mismo: burocratismo, ineficiencia, corrupción, hacinamiento, sentencias menores, mayores índices de criminalidad y menores índices de readaptación. Todos sabemos que la prioridad de un gobernante es invertir en aquello que le dé un mayor beneficio a su imagen política (y en algunos casos, que le permitan enriquecerse), mejorar los servicios carcelarios es de muy baja prioridad para él.
El desafío es hacer más eficiente al sistema penitenciario y el problema principal no es de falta de recursos, sino del mal manejo de los existentes. Con lo que se tiene, se pueden mejorar las cárceles, hacerlas más humanas, y lograr que en realidad se rehabiliten más prisioneros. Una cárcel debe ser eficiente, no solamente en términos de costos, sino en términos de una readaptación exitosa: (1) reducción de los índices de criminalidad de los reos liberados, y (2) reinsertarse los ex presidiarios en la sociedad como personas productivas.
Si algo nos dice la historia, es que hay algunas funciones que por lógica no deben de ser administradas por el Estado, sino por la sociedad civil; actividades que debían de ser reguladas por los propios ciudadanos, no por los políticos. La opción privada ha venido creciendo desde hace dos décadas en el resto del mundo, concesionándose más y más los servicios carcelarios a los mejores operadores, a empresas privadas especializadas que logran lo mismo que el sector público a menor costo, o logran mejores resultados al mismo costo.
Estudios en Estados Unidos, Reino Unido y Australia indican una reducción de costos por reo encarcelado de hasta 20%. La experiencia internacional indica que la opción privada no sólo reduce costos, sino aumenta la transparencia y reduce la corrupción e impunidad. En México no requerimos gastar más, sino emplear mejor los recursos que actualmente destinamos para el castigo, encarcelación y rehabilitación de los delincuentes.
Aun cuando no se puede confiar plenamente en las cifras, los datos indican que cuesta más de $150 por día mantener a un reo en prisión en promedio en México, costando más que lo que se gasta por día en cada alumno de bachillerato de $115 por estudiante. Aparte, México gasta más en promedio por reo que Chile o Colombia en América latina, obteniendo peores resultados.
Un buen modelo de prisión se asienta en criterios, bases y elementos. Dentro de los criterios, destaca lograr que los reos cuando son liberados se readapten a la sociedad sin volver a delinquir. En cuanto a las bases de un buen modelo de gestión carcelaria están la educación, el trabajo, la salud, el deporte, y el respeto a los derechos humanos. Los elementos de un buen manejo de los penales son (1) personal preparado, (2) uso eficiente de los recursos, (3) despolitización de la gestión penitenciaria, y (4) participación de la sociedad civil en su regulación y evaluación. México desde hace varias décadas no cumple con los mínimos requisitos para un buen modelo de prisión.
Cuando escucho a los amantes del pasado y del populismo demagógico asegurar que una cárcel manejada por burócratas es más humana y eficiente que una cárcel operada por expertos de la sociedad civil, no sé si reír o llorar. Lo importante no es que los operadores sean del sector público o del privado, sino que logren los objetivos de castigar a los criminales y readaptar a los reos liberados… Y eso, eso lo hace mejor el sector privado.
La primera opción privada es la de concesionar el manejo de una prisión a una empresa privada que gane la concesión en una licitación abierta y competitiva, sometiendo su gestión a evaluaciones concurrentes y anuales. El Consejo de Gobierno estaría formado por representantes de la sociedad civil, con un mínimo de participación de los tres niveles de gobierno, los cuales nunca podían constituir mayoría. La segunda opción es licitar al sector privado el financiamiento, construcción y operación de nuevos penales. El gobierno les pagaría un monto por reo equivalente o inferior a lo que actualmente gasta. Los contratos serían de 15 a 25 años. No hay duda de que sería mas eficiente e inclusive mas económico contratar al sector privado para la administración carcelaria. La clave del esquema es seleccionar al operador bajo reglas claras, sin que se preste a ningún tipo de manejos corruptos y se realicen contratos honestos y transparentes. De lo contrario la opción privada puede resulta peor...
En conclusión, los gobiernos en México han fracasado en la administración del sistema penitenciario y seguirán fracasando mientras que los criterios continúen siendo políticos y no socioeconómicos. En otras palabras, los políticos no deberían decidir cómo emplear los recursos para las cárceles, y tampoco deberían ser los responsables de administrar los penales y de auto evaluarse, esas responsabilidades deben de ser de los ciudadanos, o sea, las víctimas potenciales de los criminales.
México es ahora una broma a escala internacional. Lo importante no solamente es el respeto a los derechos humanos de los prisioneros, sino proteger los derechos humanos de la gente. Eso es lo importante, castigar a los delincuentes por sus actos criminales, y proteger a futuras víctimas de las violaciones de reos mal rehabilitados. Un sistema penitenciario debe de romper con el círculo vicioso del crimen-captura-prisión-libertad-crimen… La política carcelaria debe transformar a los criminales en gente honrada y evitar hundirlos más en la delincuencia… Eso, eso no lo está logrando el sistema penitenciario actual.
